Enrique Peña Nieto, expresidente de México (2012–2018), enfrenta cuatro carpetas de investigación activas por parte de la FGR. Estas abarcan delitos financieros, corrupción electoral, contratos ilícitos y vínculos con la constructora OHL. Sin embargo, ninguna ha derivado en una acusación formal hasta julio de 2025.
Las cuatro carpetas de investigación abiertas
1. Transferencias financieras irregulares desde España
Esta investigación se centra en operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de transferencias bancarias entre España y México, detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Peña Nieto recibió más de 26 millones de pesos en depósitos desde cuentas presuntamente ligadas a empresas fantasma.
2. Enriquecimiento ilícito y corrupción con empresas vinculadas
La FGR investiga la firma de contratos públicos con empresas relacionadas con el entorno cercano de Peña Nieto, posiblemente usadas para triangular recursos. Se presume que algunas de estas firmas recibieron beneficios indebidos en licitaciones federales.
3. Delitos electorales
Se analiza si hubo uso indebido de recursos públicos para fines electorales, particularmente en las elecciones de 2015 y 2018. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ha implicado directamente a Peña Nieto en el uso de sobornos de Odebrecht para financiar campañas políticas del PRI.
4. Caso OHL
Esta es la carpeta menos mediática pero igualmente grave. La FGR investiga posibles actos de colusión y tráfico de influencias entre el gobierno de Peña Nieto y la empresa española OHL, que obtuvo múltiples contratos durante su gestión como gobernador del Estado de México y posteriormente como presidente. Las pruebas incluyen audios filtrados y contratos irregulares, señalados por la Auditoría Superior de la Federación.
Avances y obstáculos
La FGR mantiene activas las carpetas, pero no ha presentado ninguna ante un juez, por lo que Peña Nieto no enfrenta proceso judicial alguno. Las investigaciones se mantienen en la fase de integración.
Uno de los principales obstáculos ha sido el acceso a pruebas bancarias internacionales y la colaboración con autoridades extranjeras. Además, la residencia de Peña Nieto en España, donde solicitó una visa de residencia como inversionista, ha complicado potenciales diligencias judiciales.
Análisis de expertos
El jurista Edgardo Buscaglia, experto en crimen organizado, ha señalado en entrevistas que “los casos de corrupción de Estado requieren voluntad política y técnica para procesarse con éxito”.
Por su parte, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señaló en abril de 2025 que “la opacidad en los casos contra Peña Nieto refleja un sistema judicial que sigue sin romper con la impunidad estructural”.
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