Alfonso Romo Garza, empresario mexicano y exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), enfrenta un nuevo escrutinio internacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha señalado a Vector Casa de Bolsa, empresa propiedad de Romo, como una de las tres instituciones financieras mexicanas presuntamente implicadas en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides, incluyendo fentanilo.
Instituciones mexicanas bajo investigación
El 25 de junio de 2025, la FinCEN emitió una orden en la que clasifica a Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam Banco como “una preocupación principal de lavado de dinero” bajo la Sección 311 de la Ley Patriota de EE.UU. Esta designación implica severas restricciones a nivel financiero internacional. Las operaciones de estas instituciones estarán sujetas a controles estrictos, afectando transferencias, inversiones y relaciones bancarias corresponsales.
Según el documento oficial, estas entidades han facilitado, directa o indirectamente, movimientos de recursos asociados con grupos criminales mexicanos dedicados al tráfico de fentanilo. Vector Casa de Bolsa, en particular, habría participado en operaciones complejas de lavado y pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios en la producción de esta droga sintética.
Alfonso Romo: Trayectoria empresarial y política
Alfonso Romo, de 74 años, es ingeniero agrícola egresado del ITESM. En 1987, junto a inversionistas, adquirió Vector Casa de Bolsa, convirtiéndola en una de las casas de corretaje más importantes de México. La firma gestiona activos por casi 11 mil millones de dólares y tiene presencia en al menos 11 países.
Romo también ha tenido un papel destacado en la política mexicana. Coordinó la campaña presidencial de Vicente Fox en 2000 y, años después, fue uno de los principales aliados empresariales de AMLO. En 2018, asumió el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia, donde fungió como enlace con el sector privado hasta su salida en 2020.
Implicaciones legales y financieras
La designación de FinCEN podría acarrear consecuencias severas tanto para las instituciones como para sus ejecutivos. Si bien no se han presentado cargos penales formales hasta el momento, esta acción limita drásticamente el acceso de Vector y las demás firmas al sistema financiero estadounidense.
Además, pone en alerta a instituciones en otros países que mantienen relaciones con estas entidades mexicanas. Expertos consultados por medios financieros prevén una posible desinversión de fondos extranjeros y una presión creciente sobre autoridades mexicanas para colaborar con investigaciones internacionales.
