La violencia contra autoridades locales en Michoacán volvió a estremecer al estado. A solo once días del asesinato del alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastida, este lunes se confirmó el homicidio de Martha Laura Mendoza Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec, y de su esposo.
De acuerdo con los reportes oficiales, ambos fueron sorprendidos por un grupo armado mientras se encontraban afuera de su domicilio, en la cabecera municipal. La agresión ocurrió a plena luz del día, confirmando los niveles de inseguridad que enfrentan incluso los representantes de gobierno.
Escalada de violencia política
Con el asesinato de Mendoza Mendoza, suman ya dos presidentes municipales ejecutados en el mes de junio, y seis en total durante los últimos tres años en Michoacán. Una cifra que pone en evidencia la creciente vulnerabilidad de las autoridades municipales frente al crimen organizado y otras dinámicas de violencia regional.
El primer caso documentado en este periodo fue el del alcalde priísta de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, quien fue asesinado el 5 de febrero de 2022. Apenas un mes después, fue ejecutado el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, militante del Partido Verde Ecologista de México.
Una tragedia persistente
La espiral de ataques no se detuvo ahí. El 30 de marzo de 2024, fue acribillado el alcalde de Churumuco, Guillermo Torres Rojas, en una taquería de la ciudad de Morelia. A este crimen le siguió el homicidio de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija y militante del PAN, quien anteriormente ya había sobrevivido a un atentado.
El caso más reciente, el de Martha Laura Mendoza, reafirma que los municipios michoacanos enfrentan condiciones críticas, donde ejercer un cargo público conlleva un altísimo riesgo personal.
Exigencia de justicia y protección
Organizaciones civiles, autoridades estatales y ciudadanos han condenado estos hechos y exigido garantías de seguridad para quienes ejercen funciones públicas. Sin embargo, los crímenes continúan, mientras la impunidad persiste.
Michoacán vive una situación alarmante que necesita respuesta inmediata y acciones contundentes del Estado mexicano para frenar la violencia política que se ha cobrado ya demasiadas vidas.
