En un esfuerzo por prevenir la revictimización de menores de edad en procesos judiciales, diputadas de los partidos Morena y PAN han respaldado una importante iniciativa que propone la adición de dos principios fundamentales a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México: el principio de “mínima intervención” y el principio de “no revictimización”. Esta propuesta fue presentada por la legisladora Krishna Karina Romero Velázquez y el legislador Pablo Fernández de Cevallos González, quienes buscan garantizar la protección emocional y psicológica de los menores involucrados en juicios.
Contexto y apoyo bipartidista:
Durante el análisis de esta iniciativa en la Comisión de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia de la LXII Legislatura mexiquense, la propuesta recibió el respaldo de diputadas de diversos partidos. Las legisladoras María del Carmen de la Rosa Mendoza y Nelly Brigida Rivera Sánchez, de Morena, reconocieron la importancia de la iniciativa y expresaron su compromiso con la salvaguarda del bienestar de los menores. Coincidieron en que la protección de los derechos de la infancia debe ser una prioridad para todas las fuerzas políticas.
Objetivos de la iniciativa:
La propuesta busca introducir modificaciones sustanciales en los procesos judiciales en los que se vean involucrados menores de edad, con el objetivo de evitar la revictimización. Según datos de la organización internacional Save The Children, más del 70% de los menores que participan como víctimas o testigos en juicios enfrentan alguna forma de revictimización, lo que afecta gravemente su salud emocional y psicológica. La iniciativa de los legisladores busca proteger a los menores de estos efectos devastadores.
Krishna Karina Romero, presidenta de la Comisión de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, explicó que la propuesta establece que los menores sólo deberán intervenir en el juicio en la menor cantidad de ocasiones posibles, respetando su horario escolar y minimizando su exposición a situaciones que puedan afectarlos. Además, se enfatiza que las autoridades judiciales deben contar con una formación adecuada para manejar estos casos, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades específicas de cada niño, niña o adolescente involucrado.
Impacto de la propuesta:
Esta propuesta beneficiaría a los 4.4 millones de menores de 18 años que habitan en el Estado de México, muchos de los cuales ya han sido víctimas de procesos judiciales insensibles y prolongados. Los procedimientos actuales, que a menudo carecen de espacios adecuados para atender las necesidades emocionales de los menores, provocan en ellos ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumático.
La propuesta establece dos principios clave: el principio de mínima intervención y el principio de no revictimización. El primero implica reducir al mínimo las ocasiones en las que un menor debe ofrecer su testimonio, mientras que el segundo asegura que las autoridades judiciales consideren las circunstancias y la naturaleza del acto criminal sufrido por el menor para evitar cualquier daño adicional.
