- Nepotismo y opacidad ensombrecen al gobierno de Omar Guillermo Sánchez Velázquez en Calimaya, donde allegados del alcalde cobran sueldos elevados sin justificación clara.
- El síndico de Otzolotepec, Bricio Ortiz Escalante, oculta cómo cobra su colaboradora Inés Lua, quien además litiga para particulares.
- Del discurso a la incongruencia: la síndica de Atizapán, Leylany Arce Richard, presume lujos que contradicen la austeridad que pregonó en campaña.
- Arrogancia y exclusión empañan la gestión de Ignacio Salgado García en el ISSEMyM, entre malos tratos a usuarios y reclamos de mayor inclusión sindical.
El gobierno municipal de Calimaya, encabezado por Omar Guillermo Sánchez Velázquez, enfrenta una creciente ola de críticas que ponen en entredicho su compromiso con la transparencia y la austeridad. Lejos de honrar las promesas de campaña, la administración ha sido señalada por prácticas de nepotismo que favorecen a allegados políticos con sueldos desproporcionados y privilegios poco justificables. El caso de Jorge Darío Casas Castillo, compadre y suplente del presidente municipal, resulta particularmente indignante: percibe 80 mil pesos mensuales sin que se conozcan funciones claras que respalden tal remuneración, mientras disfruta de escoltas, vehículos oficiales y una influencia desmedida en las decisiones del cabildo.
Este tipo de conductas alimenta la desconfianza ciudadana hacia los gobiernos locales, que deberían ser los primeros en rendir cuentas y promover una administración ejemplar. La opacidad en torno al manejo de recursos públicos y la presencia de funcionarios con vínculos personales con el alcalde ponen en riesgo no solo la legitimidad del gobierno municipal, sino también la calidad del servicio que reciben los habitantes de Calimaya. En tiempos donde la ciudadanía exige gobiernos cercanos, eficientes y honestos, prácticas como estas resultan inaceptables y merecen una revisión profunda por parte de los órganos de control y de la propia sociedad.
El síndico de Otzolotepec, Bricio Ortiz Escalante, ha generado cuestionamientos al omitir informar al cabildo sobre la modalidad en la que su colaboradora Inés Lua percibe su salario en la nómina municipal. La situación es aún más delicada, ya que Lua no solo cuenta con un poder de representación del ayuntamiento en asuntos laborales, sino que también ejerce como litigante en casos de particulares. Esta dualidad de funciones plantea serios conflictos de interés y opacidad en el manejo de los recursos públicos, además de contravenir principios básicos de ética en el servicio público.
El caso de Leylany Arce Richard, segunda síndica de Atizapán de Zaragoza, es un claro ejemplo de la desconexión que, lamentablemente, suele surgir entre el discurso y la práctica en algunos representantes públicos. Llegada al cargo bajo el amparo de Morena y sus principios de austeridad y cercanía con el pueblo, Arce Richard ha dado un giro notorio a su estilo de vida una vez asumido el puesto. Lo que en campaña fueron recorridos a pie, uso de transporte público y contacto directo con la ciudadanía, hoy contrasta con viajes en aviones privados, camionetas blindadas y constantes visitas a exclusivos restaurantes y spas, como ella misma presume en redes sociales.
Esta incongruencia alimenta el descrédito hacia quienes utilizan el discurso de la “cuarta transformación” como mero recurso electoral.
Más preocupante aún es la reciente controversia en la que la funcionaria se vio envuelta al ser interceptada por autoridades mientras viajaba en una camioneta blindada con placas presuntamente irregulares. Su respuesta —negar públicamente un hecho que quedó registrado en imágenes— revela no solo una falta de transparencia, sino también una preocupante tendencia a subestimar la inteligencia de la ciudadanía. Los servidores públicos deben entender que hoy más que nunca sus acciones están bajo el escrutinio social constante. En tiempos en que la rendición de cuentas es una demanda legítima de la población, resulta indispensable que quienes ostentan un cargo actúen con coherencia y respeto hacia los principios que dicen representar.
El ambiente que prevalece actualmente en el ISSEMyM refleja una preocupante desconexión entre sus autoridades y las necesidades de los derechohabientes y trabajadores. Las constantes muestras de arrogancia por parte del director Ignacio Salgado García, quien obliga a esperar hasta cuatro horas a quienes acuden en busca de orientación o a presentar quejas, son inaceptables en una institución que debería priorizar el bienestar y el respeto a su comunidad. Esta actitud no solo vulnera los derechos de los usuarios, sino que también deteriora la confianza en un organismo creado precisamente para protegerlos.
Por otro lado, el llamado de las integrantes del Comité Seccional Sindical del SUTEyM a favor de una mayor inclusión y transparencia en el proceso de renovación interna es una señal clara de que al interior del sindicato también urge un cambio profundo. La denuncia de prácticas excluyentes hacia las mujeres y la falta de equidad en la distribución de beneficios sindicales evidencian la necesidad de transformar estas estructuras para que sean verdaderamente democráticas y representativas. En tiempos donde el país avanza hacia liderazgos más incluyentes, resulta inadmisible que en el propio sector salud aún se reproduzcan dinámicas que limitan la participación y el reconocimiento de quienes conforman su base trabajadora.
