En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Congreso del Estado de México ha aprobado una serie de reformas enfocadas en la protección ecológica. Las iniciativas, impulsadas por distintas fuerzas políticas y respaldadas por la gobernadora Delfina Gómez, refuerzan las penas contra la tala clandestina, regulan tecnologías que alteran el clima y promueven la educación ambiental y la participación comunitaria.
Endurecimiento de penas contra delitos ambientales
Una de las reformas más relevantes establece penas de hasta 20 años de prisión y 1,500 días multa por tala clandestina. Esta incluye a quienes participen directa o indirectamente en la explotación ilegal de recursos forestales. En casos agravantes, las sanciones podrían alcanzar hasta 110 años de prisión. Esta medida busca reducir los delitos medioambientales que afectan seriamente los ecosistemas mexiquenses.
Regulación de tecnologías que alteran el clima
El Congreso también reguló el uso de cañones antigranizo, avionetas antilluvia y otras tecnologías que alteran el ciclo hidrológico. Estas prácticas, frecuentemente utilizadas en actividades agrícolas, han generado controversia por su impacto ambiental. La nueva legislación exige permisos oficiales para su operación y contempla multas de hasta seis millones 222 mil 700 pesos por su uso no autorizado.
Prohibición de plásticos de un solo uso
Otra reforma prohíbe la entrega gratuita de bolsas y otros productos plásticos de un solo uso en unidades económicas. Las sanciones llegan hasta los 339 mil 420 pesos. Se contemplan excepciones para empaques primarios o productos necesarios por razones de higiene. Además, se establece la posible clausura de establecimientos reincidentes o la revocación de permisos.
Sanciones por disposición inadecuada de residuos
Quienes reincidan en el depósito de residuos en lugares no autorizados deberán realizar trabajo comunitario enfocado en la recuperación del área afectada. Esta medida tiene el doble propósito de castigar la conducta y concientizar a la ciudadanía.
Participación comunitaria y educación ambiental
El Congreso aprobó también garantizar el derecho de las comunidades a involucrarse en la restauración y protección de los ecosistemas. Se promueve una agricultura sostenible mediante la colaboración entre sectores públicos y privados. Además, se integrará la educación ambiental en planes escolares para formar una ciudadanía consciente y responsable desde etapas tempranas.
