El Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal estatal que establecen penas de hasta 25 años de prisión para quienes cometan delitos que dañen el medio ambiente, como la tala ilegal, la contaminación de suelos o agua y el abandono indebido de residuos peligrosos.
La medida fue avalada durante una sesión deliberante del Poder Legislativo mexiquense. El dictamen integra iniciativas presentadas por los diputados Israel Espíndola López y Javier Cruz Jaramillo, de Morena; por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coordinado por José Alberto Couttolenc Buentello; así como por Rocío Alexia Dávila Sánchez y Pablo Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional.
Endurecen sanciones por daños a ecosistemas
La reforma busca fortalecer la protección ambiental y contribuir al cumplimiento de los principios constitucionales de protección al medio ambiente y desarrollo sustentable, además de los compromisos internacionales que México mantiene en esta materia.
Las nuevas disposiciones establecen penas de entre 10 y 20 años de prisión y multas de mil a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a más de 175 mil pesos— para quienes, sin autorización, participen en la transportación, almacenamiento o comercialización de productos forestales como madera, resinas o leña provenientes de los bosques.
Asimismo, se sancionará a servidores públicos que autoricen cambios de uso de suelo en Áreas Naturales Protegidas o zonas de valor ambiental sin justificación legal.
Castigos máximos para tala ilegal y delitos agravados
Las penas más altas, de hasta 25 años de prisión y multas superiores a 410 mil pesos, se aplicarán cuando los productos forestales sean destruidos tras tala ilegal o cuando existan autores intelectuales, financiadores o beneficiarios económicos.
Además, la sanción se agravará cuando se utilicen herramientas como motosierras o vehículos para transportar madera ilegal, cuando participen funcionarios públicos o cuando se obligue a personas menores de edad o en situación de vulnerabilidad a cometer estos delitos.
También se impondrán penas máximas cuando los hechos ocurran en Áreas Naturales Protegidas, corredores biológicos o zonas de conservación ecológica, o si se emplea violencia contra vigilantes ambientales, comuneros o defensores del patrimonio natural.
Nuevos delitos ambientales contemplados
La reforma incluye sanciones de hasta 10 años de prisión para conductas como provocar incendios forestales, descargar sustancias contaminantes en suelos o cuerpos de agua, emitir contaminantes a la atmósfera fuera de la normativa ambiental o realizar obras sin evaluación de impacto ambiental.
Además, se establecen castigos por derribar árboles en la vía pública, dispersar plagas que afecten cultivos o ecosistemas, o provocar contaminación visual y olores que superen los límites establecidos en las normas oficiales.
En otros casos, las penas alcanzarán hasta ocho años de prisión por proporcionar información falsa para obtener permisos ambientales, y hasta seis años por posesión o transporte ilegal de residuos peligrosos.
Llamado a revisar contaminación en el Río San Juan Acatitlán
Durante el debate legislativo, el diputado Israel Espíndola señaló que la reforma envía un mensaje claro sobre la protección ambiental en el estado.
Asimismo, exhortó a las secretarías del Agua, del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del Campo, así como a la Comisión del Agua del Estado de México, a realizar un diagnóstico sobre la contaminación del Río San Juan Acatitlán, que atraviesa Temascaltepec, Zacazonapan y Luvianos antes de desembocar en Guerrero.
Con estas reformas, el Congreso del Estado de México busca endurecer las sanciones contra quienes deterioren los ecosistemas y reforzar la vigilancia ambiental. Las nuevas penas buscan frenar prácticas como la tala ilegal, la contaminación y el daño a áreas naturales, además de fortalecer la protección del patrimonio natural para las futuras generaciones.
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