Lo que comenzó como una bandera de lucha por el derecho a la vivienda, terminó convertido en una red delictiva que ha despojado a cientos de familias de sus hogares.
En el Estado de México, al menos 20 por ciento de las denuncias por despojo están relacionadas con grupos que se presentan como sindicatos, pero que operan con métodos violentos y en coordinación con servidores públicos.
Así lo informó el vicefiscal Martín Marín Colín, quien señaló que desde abril, a través del operativo Restitución, han logrado asegurar más de 250 inmuebles ocupados de forma ilegal.
Las acciones se han concentrado principalmente en 25 municipios del oriente mexiquense, donde estos grupos se han expandido con apoyo de autoridades municipales, notarios y empleados del Registro Público de la Propiedad.
“Detectamos patrones comunes. No se trata de conflictos entre particulares. Hay presencia organizada, documentación falsa y presión para que las víctimas no denuncien. Muchos de estos grupos actúan con la fachada de sindicatos”, afirmó el funcionario.
Casas vacías, amenazas y documentos falsos
La Fiscalía detalló que estos colectivos localizan casas solas, cambian cerraduras, colocan candados o se presentan con contratos apócrifos de compra o renta.
En otros casos, irrumpen con violencia, incluso en viviendas habitadas, y obligan a sus ocupantes a salir bajo amenaza.
Posteriormente, simulan la legalidad de su presencia con papelería emitida por ayuntamientos o fedatarios públicos, en ocasiones sin facultades para acreditar propiedad.
“Nos hemos enfocado en los casos que no tienen acuerdos civiles previos y que sí presentan indicios claros de despojo.
La mayoría de las víctimas son adultos mayores, personas pensionadas o familias que dejaron sus casas por falta de servicios y miedo a represalias”, añadió Marín Colín.
En zonas como Las Galaxias y Colinas del Sol, en Toluca, se han detectado concentraciones importantes de ocupaciones irregulares.
La autoridad señaló que estos asentamientos irregulares se han convertido en focos de riesgo, donde también se reportan delitos como narcomenudeo, extorsión, desapariciones y homicidios.
Investigación también alcanza a funcionarios
Uno de los casos más visibles es el de la organización conocida como Los 300, cuyo líder fue detenido este año.
Sin embargo, el vicefiscal reconoció que el grupo mantiene presencia en diversos municipios a través de células independientes.
“Se organizan con marchas, paros o bloqueos carreteros, pero su actividad está centrada en el despojo y la extorsión”, explicó.
Como parte de la estrategia, la Fiscalía inició investigaciones contra funcionarios públicos que facilitaron estos actos, ya sea por omisión o complicidad.
Se trata de empleados en áreas como Catastro, Desarrollo Urbano y notarías públicas, tanto del Estado de México como de otras entidades.
La autoridad advirtió que el delito de despojo no es considerado grave por sí solo, pero cuando se comete en conjunto con otros ilícitos, como extorsión o falsificación, sí permite medidas de detención preventiva y judicialización.
El objetivo, subrayó el vicefiscal, es que las víctimas recuperen su patrimonio con garantías de seguridad y que los responsables enfrenten consecuencias legales.
Pedro Pérez / SeUnoNoticias
