El Congreso del Estado de México analiza una propuesta que busca restringir los derechos de esparcimiento a personas que incumplen con sus obligaciones alimentarias. La iniciativa será presentada por la diputada Paola Jiménez Hernández ante la Diputación Permanente. Esta medida se alinea con acciones similares adoptadas en otras entidades del país y pretende ejercer presión social sobre quienes aparecen en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias.
Contexto y antecedentes
La propuesta de Paola Jiménez se enmarca en un contexto de creciente exigencia de justicia para hijos e hijas afectados por el incumplimiento de pensiones alimenticias. El Registro de Deudores Alimentarios en el Estado de México funciona como herramienta legal para visibilizar a quienes no cumplen con estas obligaciones. Sin embargo, la diputada considera que se necesitan acciones adicionales para inhibir este comportamiento.
“Si no tienen para mantener a sus hijos, tampoco tendrán derecho para gastar dinero en diversión”, afirmó Jiménez durante su intervención en la sesión deliberante. Esta declaración refleja el espíritu de la iniciativa: establecer consecuencias sociales claras para quienes desatienden sus responsabilidades parentales.
Alcance de la iniciativa
La diputada plantea que a las personas inscritas en el registro estatal se les prohíba el ingreso a:
- Estadios de futbol
- Conciertos
- Centros recreativos
- Otros espacios de diversión pública
Estas restricciones se sumarían a otras sanciones vigentes como la imposibilidad de tramitar pasaporte, licencias o acceder a cargos públicos.
La iniciativa también busca impulsar un cambio cultural. Al negar el acceso a espacios de entretenimiento, se pretende generar conciencia sobre la gravedad del incumplimiento alimentario y sus efectos en la infancia.
Comparativa con otras entidades
Estados como Ciudad de México y Jalisco han implementado medidas similares. En estas entidades, el objetivo ha sido el mismo: visibilizar la problemática, sancionar socialmente y generar mayor responsabilidad. Según el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, hasta 2024 se contabilizaban más de 60 mil personas inscritas por incumplimientos, lo cual evidencia la dimensión del problema.
Reacciones y siguientes pasos
La iniciativa aún no se discute formalmente en el pleno legislativo. Sin embargo, su planteamiento ante la Diputación Permanente abre el camino para su análisis en comisiones. La diputada Jiménez llamó a sus colegas a respaldar esta medida y señaló que seguirá trabajando por los derechos de la niñez mexiquense.
Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han manifestado respaldo a iniciativas similares en otras entidades, aunque advierten que estas medidas deben complementarse con mecanismos de ejecución más eficaces para el cobro de pensiones.
