Ovidio Guzmán López, hijo menor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable de múltiples cargos ante una corte federal en Chicago el 9 de julio de 2025. Este acto forma parte de un acuerdo judicial con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que podría generar un terremoto político y criminal en México. El movimiento procesal impactaría directamente a Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa y pieza clave en el equilibrio del crimen organizado transnacional.
Acuerdo judicial y consecuencias inmediatas
Según documentos judiciales difundidos el 6 de mayo, Ovidio Guzmán renunciará a su derecho a juicio a cambio de una pena reducida. La fiscalía estadounidense podría otorgarle beneficios adicionales si colabora como testigo, lo cual incluiría información sobre rutas de narcotráfico, funcionarios corruptos y estructura del cártel.
El caso, además de incluir delitos relacionados con drogas y armas, abarca lavado de dinero y uso de precursores químicos. Esta colaboración podría modificar el equilibrio de poder dentro del Cártel de Sinaloa, debilitando a facciones rivales y alterando pactos de impunidad.
Repercusiones para “El Mayo” Zambada
Óscar Balderas, especialista en seguridad, señaló que este acuerdo deja a Zambada en una posición de desventaja. A su juicio, el hecho de que Ovidio se adelante le resta margen de negociación y lo fuerza a buscar una declaración de culpabilidad bajo condiciones menos favorables.
Zambada, considerado uno de los capos más longevos del país, perdería su potencial como testigo privilegiado ante la justicia estadounidense. Esto limitaría su utilidad en investigaciones de alto nivel, tanto en México como en EE.UU.
Posibilidad de acuerdos paralelos
No obstante, el periodista Jesús Esquivel sostiene que ambos acuerdos pueden coexistir. En entrevista con Radio Fórmula, explicó que “El Mayo” también estaría negociando con autoridades estadounidenses, a través del abogado Frank Pérez, en una corte de Nueva York.
Según Esquivel, la justicia norteamericana valora más la calidad de la información que el orden de los testimonios. Además, señala que Guzmán y Zambada poseen datos diferentes, lo cual permitiría acuerdos complementarios.
Impacto político y judicial
Ambos acuerdos podrían desencadenar una ola de revelaciones con profundas implicaciones para el gobierno mexicano. Analistas prevén la exposición de redes de complicidad que incluirían a exfuncionarios, políticos, militares y empresarios.
Las autoridades de Estados Unidos, centradas en frenar la crisis del fentanilo, estarían dispuestas a utilizar estas colaboraciones para desmantelar las estructuras de protección institucional que han sostenido al crimen organizado durante décadas.
