Después de más de un año de denuncias, autoridades federales aseguraron el Rancho San Jorge en Valle de Bravo, Estado de México. En la propiedad se encontraron 10 presas ilegales construidas para captar agua de escurrimientos del Nevado de Toluca, desviando el recurso destinado a la presa Valle de Bravo. Las obras no contaban con permisos ambientales ni municipales, según confirmaron diversas autoridades.
Denuncia ciudadana y omisión oficial
Desde enero de 2024, habitantes de las comunidades Mesa Rica y La Huerta detectaron movimientos de tierra y deforestación en el área. Presentaron solicitudes de información ante autoridades federales, estatales y municipales. Las respuestas confirmaron que no existían autorizaciones para las obras.
Con el respaldo de organizaciones civiles como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable, se denunció la construcción ilegal dentro de un Área Natural Protegida. La zona forma parte del Santuario del Agua, fundamental para la recarga hídrica del Sistema Cutzamala.
Pruebas satelitales y seguimiento legal
En marzo de 2024, imágenes satelitales confirmaron la existencia de al menos siete cuerpos de agua artificiales, excavaciones profundas y zonas con reciente derribo de árboles. Las evidencias motivaron denuncias formales ante Profepa, la Procuraduría Ambiental del Estado de México y el Ayuntamiento de Valle de Bravo.
Sin embargo, las acciones iniciales fueron insuficientes. El municipio colocó un sello de suspensión provisional que luego fue removido. Las obras continuaron utilizando otros accesos al rancho, lo que incrementó la frustración de los denunciantes.
Cateo y aseguramiento federal
El 21 de abril de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ejecutó una orden de cateo. Encontraron captación ilegal de agua en presas no registradas, remoción de vegetación y uso de maquinaria. La Fiscalía General de la República (FGR) inspeccionó la zona, localizando diez presas, 27 vehículos y daños significativos en las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Maltepec, Tolostoc y Memastepec.
Las autoridades aseguraron el rancho de aproximadamente 500 hectáreas y anunciaron el inicio de procesos legales contra los responsables.
Llamado a sanciones y restauración ambiental
Las organizaciones civiles y ciudadanos exigieron sanciones ejemplares y acciones de restauración ecológica. “Estas conductas ilegales no solo violan el estado de derecho, sino que también dañan gravemente los ecosistemas y afectan el suministro de agua para millones”, señalaron en un comunicado conjunto.
También solicitaron al Ayuntamiento de Valle de Bravo evitar omisiones futuras y atender con prontitud cualquier obra irregular en la región.
