El cardenal Norberto Rivera Carrera logró una victoria legal contra el gobierno de la Ciudad de México. Un juzgado federal ordenó la devolución de más de 1.3 millones de pesos por concepto de impuestos y derechos que se calificaron como desproporcionados. Esta resolución se deriva de la compra de dos departamentos en la torre residencial Mitikah, uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de la capital.
Adquisición de inmuebles de lujo en Mitikah
El 29 de febrero de 2024, Rivera Carrera adquirió los departamentos 4201 y 4205 en la torre Mitikah, ubicada en la alcaldía Benito Juárez. Cada inmueble tuvo un valor superior a los 10 millones de pesos. Posteriormente, el 6 de marzo, el cardenal realizó los pagos correspondientes por derechos de inscripción y por el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), alcanzando un total de 1 millón 397 mil 373 pesos.
Fundamento legal del amparo concedido
El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa, encabezado por la juez Blanca Lobo Domínguez, otorgó el amparo 613/2024 al considerar inconstitucionales los artículos 196 y 113 del Código Fiscal de la CDMX. En su fallo, señaló que las cuotas cobradas para el registro de inmuebles no se justifican respecto a otros servicios registrales similares y que el cálculo del ISAI presenta distorsiones que afectan la proporcionalidad del impuesto.
La juez destacó:
“No se justifica válidamente una cuota mayor cuando el procedimiento registral es el mismo en todos los casos.”
Además, subrayó que un cambio mínimo en el valor catastral puede generar un salto desproporcionado en el ISAI, lo cual rompe con el principio de equidad fiscal.
Montos a devolver y consecuencias jurídicas
En cumplimiento de la sentencia, el gobierno de la CDMX deberá devolver al cardenal los siguientes montos:
- 651,101 pesos por el ISAI del departamento 4201
- 700,150 pesos por el ISAI del departamento 420
- 541,518 pesos por cobros indebidos en derechos de registro
El total asciende a 1 millón 392 mil 769 pesos. Aunque el gobierno capitalino impugnó el fallo, el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa lo confirmó en diciembre de 2024. Sin embargo, hasta abril de 2025 no se había efectuado el reembolso, por lo que la juez concedió una prórroga para cumplir con la sentencia.
