La Sala de Asuntos Indígenas (SAI) del Poder Judicial del Estado de México (PJEDOMEX) celebró su segundo aniversario en un acto simbólico y trascendente realizado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Esta instancia judicial ha sido clave para garantizar el acceso digno y efectivo a la justicia para pueblos originarios y afromexiquenses, marcando un precedente en la implementación de una visión verdaderamente intercultural en los procesos judiciales.
Un modelo de justicia con enfoque intercultural
Desde su creación hace dos años, la SAI ha roto esquemas tradicionales, dando voz a comunidades que históricamente fueron invisibilizadas. El Magistrado Presidente Fernando Díaz Juárez destacó que esta Sala no solo resuelve apelaciones, sino que también escucha, orienta y protege a personas indígenas.
“La Sala nació para defender la dignidad humana de quienes tuvieron acceso parcial o nulo a la justicia”, subrayó Díaz Juárez. El organismo garantiza que los procesos no vulneren los derechos fundamentales de quienes se auto adscriben como parte de un pueblo originario.
Avances concretos y casos emblemáticos
En estos dos años, la SAI ha atendido 38 apelaciones, de las cuales 31 ya fueron resueltas, además de emitir cuatro opiniones consultivas. El Magistrado Arturo Márquez González, Presidente de la Sala, resaltó que cada resolución representa más que cifras, pues refleja un esfuerzo por lograr justicia sustantiva.
Uno de los casos más representativos implicó la anulación de una sentencia debido a graves fallas al debido proceso, destacando así la relevancia del enfoque diferencial en el tratamiento de los casos.
Reconocimiento institucional y social
Durante la ceremonia, el Secretario del Bienestar, Juan Carlos González Romero, en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reconoció que la Sala funciona como puente entre la justicia y la identidad cultural. Afirmó que las políticas públicas de la actual administración están comprometidas con el reconocimiento efectivo de las comunidades originarias.
Al evento asistieron más de 170 personas, incluyendo magistrados, jueces, representantes del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y líderes de los cinco pueblos originarios del estado.
