La diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena (GPmorena), presentó una propuesta en el Congreso del Estado de México para exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) a actualizar el protocolo del operativo Escuela Segura.
Este procedimiento, que permite la revisión de mochilas y bolsos en instituciones educativas, no ha sido actualizado desde 2017, lo que hace necesario ajustarlo a las normativas vigentes y garantizar su correcta aplicación con respeto a los derechos de los estudiantes.
¿En qué consiste la propuesta?
La iniciativa busca que el nuevo protocolo de Escuela Segura:
- Se realice bajo estándares claros y transparentes.
- Involucre la participación de autoridades escolares, madres, padres y el gobierno estatal.
- Asegure que la revisión de mochilas y bolsos sea justificada, periódica y proporcional.
- Requiera el consentimiento expreso, libre e informado de estudiantes y sus tutores.
- Garantice la seguridad física y psicológica de los alumnos.
La legisladora enfatizó que cualquier acción de prevención de riesgos debe realizarse en un entorno de confianza, respeto y paz dentro de las instituciones educativas.
Principios clave del nuevo protocolo
Para su correcta implementación, la diputada propone que el protocolo actualizado atienda los siguientes principios:
- Legalidad: La revisión debe estar respaldada por un marco normativo claro.
- Proporcionalidad: Se debe justificar la medida y evitar revisiones arbitrarias.
- Necesidad: Solo se realizarán inspecciones cuando sea estrictamente requerido.
- Interés superior de la niñez y adolescencia: Las revisiones deben proteger a los menores sin vulnerar sus derechos.
La actualización del protocolo garantizaría que la comunidad educativa confíe en este mecanismo de prevención, evitando prácticas que puedan ser consideradas como invasivas o discriminatorias.
Importancia de la actualización
Desde su implementación, el operativo Escuela Segura ha generado debate sobre su legalidad y eficacia. Algunos sectores han señalado que las revisiones pueden vulnerar el derecho a la privacidad de los estudiantes si no se aplican con protocolos adecuados.
La propuesta busca equilibrar la seguridad escolar con la protección de los derechos humanos, asegurando que las revisiones se realicen de manera ética y con consentimiento informado.
