El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo central es prevenir, atender y sancionar la violencia docente en los planteles educativos de todos los niveles.
La propuesta se presentó en el Senado y busca fortalecer los mecanismos legales para garantizar que las escuelas sean espacios seguros. Además, pretende evitar que este tipo de conductas se normalicen dentro del sistema educativo.
Contexto y razones de la propuesta
El senador por el Estado de México explicó que, aunque la Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado mexicano a proteger a la niñez contra cualquier forma de abuso físico o mental, la violencia escolar sigue presente. De acuerdo con estimaciones internacionales, casi un tercio de los estudiantes en el mundo han sufrido violencia escolar.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización de Niñas, Niños y Adolescentes del Inegi reveló que uno de cada cuatro alumnos que sufrió violencia identificó a un adulto de su escuela como agresor físico o emocional. Por lo tanto, el legislador consideró urgente atender este problema.
Cambios a la Ley General de Educación
La iniciativa propone reformar el Artículo 7 de la Ley General de Educación. Con ello, se establecería como obligación del Estado prevenir, atender y sancionar la violencia docente. Esta se define como cualquier acción u omisión del personal docente o directivo que afecte la integridad física, emocional, sexual o educativa del alumnado.
Además, se plantea modificar el Artículo 74 Bis. En consecuencia, cada institución educativa deberá contar con protocolos obligatorios para la denuncia, investigación y atención de estos casos. Dichos protocolos deberán garantizar confidencialidad, protección a denunciantes y medidas cautelares inmediatas para los menores.
Registros y notificación obligatoria
Otro punto clave es la creación de los Registros Estatales de Violencia Docente. Estos permitirán evitar que docentes sancionados repitan conductas en otras escuelas. Además, la iniciativa obliga a las autoridades escolares a notificar cualquier caso a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la localidad.
Esta obligación se incorporaría mediante la reforma al Artículo 13 de la ley correspondiente. Mientras tanto, las procuradurías brindarían acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas y sus familias.
Finalmente, Enrique Vargas afirmó que la iniciativa fortalece el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia. Además, dota al sector educativo de reglas claras para actuar ante estos casos. En conclusión, la propuesta busca consolidar escuelas seguras y proteger el desarrollo integral del alumnado en México.
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