Por Marco Aguilar
El sector salud es uno de los pilares más importantes para cualquier sociedad. Cuando las instituciones que lo conforman funcionan adecuadamente, las familias pueden acudir al médico con confianza, los hospitales tienen medicamentos suficientes y los pacientes reciben la atención que merecen. Pero cuando algo falla dentro del sistema, las consecuencias se sienten en las vidas de quienes más dependen de él: madres buscando vacunas para sus hijos, adultos mayores esperando un diagnóstico oportuno o personas con enfermedades crónicas que necesitan tratamientos constantes.
Por eso resulta profundamente preocupante lo que ocurre dentro del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), específicamente en la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE). Esta área, clave para la organización y supervisión de los servicios de salud en el estado, enfrenta graves señalamientos que no pueden ni deben ignorarse.
Se ha señalado que la titular de esta unidad, Melody Denisse Maciel, ha integrado a familiares en puestos de alta relevancia, a pesar de que no cuentan con los perfiles requeridos. Peor aún, hay reportes de que estos familiares no cumplen con sus funciones y, en algunos casos, ni siquiera se les encuentra en los lugares donde deberían estar trabajando. Esto no solo genera retrasos en el cumplimiento de tareas esenciales, sino que pone en riesgo el trabajo de todo el instituto.
Además, se ha acusado a la titular de delegar constantemente sus responsabilidades, ausentarse de reuniones clave y justificar su permanencia en el cargo apelando a supuestas relaciones cercanas con autoridades superiores. Estas actitudes reflejan una falta de compromiso que resulta inadmisible en un sector donde cada decisión impacta directamente en la vida de las personas.
Pensemos en lo que esto significa para quienes dependen del sistema de salud estatal. Cada retraso en la planeación afecta la llegada de medicamentos a los centros de salud. Cada decisión tomada por alguien sin el conocimiento adecuado puede traducirse en un programa mal implementado. Cada omisión o negligencia tiene consecuencias reales para las familias mexiquenses, que esperan y merecen un sistema que funcione.
El servicio público no es un privilegio ni un derecho adquirido: es una responsabilidad. Las personas que ocupan cargos tan importantes deben estar a la altura de las necesidades de la ciudadanía. No se puede permitir que prácticas como el nepotismo, la opacidad o la falta de compromiso sigan debilitando instituciones tan esenciales como el ISEM.
Es difícil imaginar que este tipo de acciones sean del agrado de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Alvarez, quien ha insistido en que la administración pública debe conducirse con ética, transparencia y total compromiso con la ciudadanía. El gobierno estatal tiene ahora la oportunidad de demostrar que no hay lugar para la simulación ni para quienes anteponen intereses personales al bienestar colectivo.
Las y los mexiquenses merecen un sistema de salud que los cuide, que les dé confianza y que les brinde soluciones. Las instituciones deben estar al servicio de la gente, y quienes las dirigen deben recordar que detrás de cada decisión hay vidas que dependen de ellas. Es momento de actuar con firmeza y devolver a las personas la certeza de que la salud pública está en buenas manos.
El bienestar de nuestra sociedad no admite excusas. El cambio que necesitamos comienza con servidores públicos comprometidos, preparados y, sobre todo, conscientes de que su labor es un acto de servicio, no de beneficio personal. El Estado de México necesita instituciones sólidas y liderazgos honestos para garantizar el derecho a la salud que todos merecemos.
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