El estado de Guerrero vive una profunda crisis de seguridad tras el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, quien fue decapitado, según informó la Fiscalía General del Estado. Este suceso ocurre apenas días después de que el secretario general del ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, fuera asesinado a balazos en las cercanías del Palacio Municipal. La violencia ha cobrado la vida de funcionarios clave en la entidad, generando una fuerte reacción de figuras políticas y demandando una intervención urgente para restaurar la seguridad.
Escalada de violencia en Guerrero
En la última semana, Guerrero ha sido escenario de varios asesinatos de alto perfil. Junto al homicidio de Arcos, se sumó el asesinato de Francisco Gonzalo Tapia, su secretario general, y de Ulises Hernández Martínez, exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales del estado. Los tres funcionarios habían asumido sus respectivos cargos recientemente, con la intención de promover el desarrollo y la seguridad en la región, según afirmaron sus allegados. Sin embargo, sus asesinatos ponen en evidencia la vulnerabilidad de los funcionarios públicos en Guerrero y la gravedad de la situación de seguridad en la entidad.
Reacciones y exigencias de justicia
La violencia que golpea a Guerrero ha desatado reacciones de distintas figuras políticas y organizaciones. El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, expresó sus condolencias y condenó enérgicamente la violencia, calificándola de una “cobarde agresión” contra el alcalde y su equipo. A través de X, Moreno manifestó que estos funcionarios “llevaban menos de una semana en el cargo” y resaltó su compromiso con la comunidad.
Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, también se pronunció en redes sociales y aseguró que se intensificarán los operativos de seguridad en Chilpancingo. La mandataria afirmó que la pérdida de Arcos y Tapia representa una “tragedia para toda la sociedad guerrerense”. Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero expresó que la muerte de Arcos es un “golpe devastador” no solo para su familia, sino para el estado en su conjunto.
Crisis de seguridad y críticas a la estrategia gubernamental
El asesinato de Arcos y otros funcionarios en Guerrero pone en cuestión la efectividad de la estrategia de seguridad en el estado. El senador del PRI, Rubén Moreira, calificó a Guerrero como un “narcoestado” y cuestionó la falta de acciones concretas para combatir el crimen. “No hay Estado. ¿Qué le pasa al país? ¿Por qué no se combate al crimen?” expresó en X, atribuyendo el fracaso de la seguridad a quienes defienden la actual estrategia. Esta declaración refleja el creciente malestar y la demanda de cambios profundos en la política de seguridad para combatir la violencia y la impunidad en la región.
