En un reciente enfrentamiento político y legal, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha negado categóricamente las acusaciones de corrupción en relación con el cobro de la pensión de su difunto esposo de Pemex, describiendo las afirmaciones como parte de una “venganza” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante una conferencia matutina, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, acusó a Casar de influir indebidamente en el dictamen de la muerte de su esposo para beneficiarse económicamente. Romero afirmó que Casar intentó modificar el dictamen de la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García de un suicidio a un accidente, lo que le permitiría cobrar tanto el seguro como la pensión post mortem.
En respuesta a estas acusaciones, Casar participó en el programa de Ciro Gómez Leyva, donde rechazó haberse reunido con el entonces procurador de la Ciudad de México, Bernardo Bátiz, para alterar cualquier documento oficial. Aseguró no solo su desconocimiento de Bátiz sino también criticó a López Obrador por mencionarla en su libro en un contexto de corrupción, sugiriendo que las acusaciones actuales son una extensión de disputas políticas anteriores.
Las acusaciones han llevado a la suspensión de pagos de prestaciones a Casar y a denuncias contra funcionarios de Pemex involucrados en el caso. Este escándalo resalta la tensión continua entre el gobierno actual y organizaciones anticorrupción, con implicaciones que se extienden más allá del caso individual hacia el clima de la política y la justicia en México.
La controversia que rodea a María Amparo Casar y las acusaciones de corrupción en el cobro de una pensión de Pemex destaca la complejidad y la polarización en el ámbito político y legal de México. Mientras Casar defiende su inocencia y denuncia una persecución política por parte del presidente López Obrador, el caso subraya la importancia de la transparencia y la integridad en la administración de justicia y en la lucha contra la corrupción.
Este incidente no solo afecta a los involucrados directamente, sino que también impacta la percepción pública sobre la eficacia y la imparcialidad de las instituciones gubernamentales en México.
