El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México ha reconocido un impactante hecho: para llevar a cabo censos en ciertas áreas del país, se ha visto obligado a pagar a cárteles mexicanos. Esta alarmante situación ha generado preocupación en la comunidad y arroja luz sobre los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores de este organismo y otros colaboradores del sector. En este artículo, exploraremos las razones detrás de esta controvertida medida y los desafíos que enfrenta el Inegi al operar en regiones dominadas por la delincuencia.
Inegi admite el pago a cárteles para censos en zonas peligrosas
La directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Inegi, Susana Pérez, reveló ante una comisión de la Cámara de Diputados que en el pasado se vieron obligados a contratar a delincuentes para llevar a cabo entrevistas del censo. Esta medida se aplicó principalmente en zonas rurales, donde la presencia de cárteles y la violencia dificultaban el acceso y la realización de las encuestas.
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Riesgos y amenazas para los trabajadores del Inegi
El trabajo de los encuestadores y supervisores del Inegi en zonas controladas por cárteles es peligroso. Los grupos del crimen organizado pueden extorsionarlos y exigir pagos para permitirles realizar sus encuestas. Además, los cárteles pueden confundir a los encuestadores con miembros de grupos rivales, lo que aumenta el riesgo de secuestro o agresiones.
Impacto en las comunidades y resultados de los censos
La influencia de los cárteles en ciertas regiones puede afectar los resultados de los censos. En algunos casos, los cárteles pueden querer manipular los datos para favorecer a candidatos políticos aliados con ellos. Además, la presencia de grupos delictivos ha llevado a la desatención de algunas áreas por parte de las autoridades, generando un ambiente de inseguridad y control por parte de los narcotraficantes.
A pesar de los desafíos y riesgos, el Inegi continúa trabajando para garantizar la recopilación de datos estadísticos precisos en todo México. Sin embargo, es evidente que se necesita una estrategia más amplia para abordar la problemática de la delincuencia en el país y proteger a aquellos que realizan esta importante labor.
