La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Myrna Araceli García Morón, planteó la posición de la Codhem sobre la necesidad urgente de legislar y establecer en la Constitución del Estado Libre y Soberano de México el derecho humano a la buena administración pública.
Esto en el marco de la firma de dos convenios con el secretario de la Contraloría del gobierno estatal Javier Vargas Zempoaltecatl.
Asimismo, el jurista Jaime Rodríguez-Arana Muñoz afirmó en su conferencia magistral “Derecho humano a una buena administración pública”; que el poder público está para que se reconozca y promueva la dignidad humana y por tanto; todas las categorías del Derecho deben construirse y diseñarse desde la dignidad humana.
La presidenta de la Codhem señaló que con los convenios se hace una alianza estratégica para consolidar los principios que rigen el servicio público; y atienden el buen desarrollo de sus funciones, bajo los parámetros de transparencia y rendición de cuentas; elementales componentes del derecho humano a la buena administración pública; el cual no es un derecho explícito, pero que desde el año 2000 lo establece; el artículo 41 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea; y en México ya lo tiene contemplado la Ciudad de México.
Asimismo, García Morón destacó la visión de Jaime Rodríguez-Arana Muñoz por superar la visión restrictiva de lo considerado tradicionalmente como intereses generales; para abarcar los intereses de los ciudadanos en el quehacer administrativo.
El jurista Jaime Rodríguez-Arana Muñoz dictó la conferencia magistral “Derecho humano a una buena administración pública”.
En su discurso, el secretario Javier Vargas Zempoaltecatl subrayó que para el gobernador Alfredo Del Mazo Maza; es fundamental el diálogo con los organismos públicos autónomos y con la ciudadanía; ya que se trata de un elemento clave para alcanzar un gobierno abierto; democrático y transparente.
Manifestó que la Secretaría de la Contraloría y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (Codhem); comparten valores que son fundamentales en la vida institucional del sector público, tales como:
- disciplina,
- legalidad,
- objetividad,
- profesionalismo,
- honradez,
- lealtad,
- imparcialidad,
- integridad,
- rendición de cuentas,
- eficacia y
- eficiencia.
Vargas Zempoaltecatl informó que los presentes convenios permitirán la impartición de cursos, talleres; conferencias sobre derechos humanos y obligaciones; responsabilidades y derechos en la administración pública; así como la realización conjunta de actividades que incidan en el fortalecimiento de la paz social y la cultura de los derechos humanos.
Agregó que también coadyuvarán en la implementación de mecanismos de control interno dentro de la propia Comisión; y en el establecimiento de las bases para que se continúe utilizando el sistema Declaranet; a efecto de eficientar el cumplimiento de las obligaciones de las personas servidoras públicas que tiene adscritas.
El derecho humano a la buena administración pública; ya está reconocido en la Ciudad de Méxic
En su disertación, el jurista, político y profesor universitario Jaime Rodríguez-Arana Muñoz explicó que el derecho humano a la buena administración pública; ya está reconocido en la Ciudad de México y en Europa; a través del artículo 41 de la de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión europea; pero no tiene el reconocimiento que debiera en todo el mundo.
Detalló que los seres humanos necesitamos que el Estado y la administración se gestionen de tal manera que efectivamente protejan; y defiendan la libertad y la seguridad de las personas; ya que esa es la razón de fondo de la Constitución fundamental del derecho; humano e insistió que más allá de lo que muchos colegas dicen; el derecho a la buena administración pública es un auténtico y genuino derecho humano.
Por último, mencionó algunos de los 23 derechos que componen el derecho humano a la buena administración pública como el de presentar quejas; y reclamaciones, de acceso a la información pública, a la transparencia, a que los archivos de las instituciones estén bien organizados, a ser informados y asesorarse; a ser tratado con cortesía y cordialidad; a conocer en su momento el estado real de la tramitación, a ser notificados por escrito, a participar en asociaciones de usuarios de servicios públicos, entre otros.
