Quince años transcurrieron antes de que las autoridades iniciaran una investigación formal por las denuncias de tortura de Juan Carlos Ramírez Michaca, quien lleva casi 22 años encarcelado por dos homicidios que su familia asegura que no cometió. Seis años después de abrirse el expediente, todavía no existen resultados concretos.
La representante para las Américas de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Olga Guzmán Vergara, señaló que esta falta de respuesta forma parte de las violaciones a derechos humanos identificadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
En su opinión 49/2026, emitida el 23 de octubre, el organismo determinó que el encarcelamiento es arbitrario y recomendó al Estado mexicano liberar a Juan Carlos, indemnizarlo y garantizar medidas de reparación.
El caso se remonta al 20 de febrero de 2005, cuando policías ministeriales lo detuvieron en su domicilio de Ecatepec. Tenía 19 años.
Su esposa, Alejandra Estrada García, denunció que fue golpeado y sumergido en un tambo de agua hasta perder el conocimiento. También señaló que los agentes modificaron las circunstancias de la detención y utilizaron testimonios obtenidos mediante presiones.

En abril de 2007 recibió una condena de 70 años de prisión. Aunque la investigación involucró el asesinato de tres jóvenes, a Juan Carlos le atribuyeron dos homicidios.
Estrada García sostuvo que las familias de las víctimas tampoco han obtenido justicia, pues considera que las autoridades no identificaron a los verdaderos responsables.
Durante una conferencia en Toluca, Guzmán Vergara informó que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas también revisa el expediente y podría emitir una decisión independiente.
Por ahora, la posibilidad de que Juan Carlos recupere su libertad depende de una solicitud de amnistía presentada ante un juez de ejecución de Otumba.
La abogada Roberta Cortés Ruiz señaló que el expediente cuenta con pronunciamientos favorables de Naciones Unidas y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por lo que consideró que existen elementos para concederla.

El procedimiento comenzó en octubre y podría prolongarse hasta febrero de 2027. Aunque la opinión internacional no es jurídicamente vinculante, la defensa busca que sea considerada en la resolución.
Juan Carlos permanece en el penal de Otumba Tepachico, a la espera de una decisión judicial que podría poner fin a más de dos décadas de encarcelamiento.
Pedro Pérez | #SéUnoNoticias
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