Derivado de los distintos casos internacional de menores, en los cuales padres de distintas nacionalidades se disputan la custodia de los niños, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) convocó a jueces de diferentes partes del país de América Latina, para estudiar una ruta que permita privilegiar el bienestar de los niños.
Este encuentro académico, fue realizado en las instalaciones de la escuela judicial en el municipio de Toluca, en donde especialistas de distintas materias se dieron cita.
El Magistrado Presidente, Héctor Macedo, informó que este tipo de avances en la impartición de justicia son fundamentales para garantizar la protección de los menores en casos de divorcio con una perspectiva internacional.
Indicó que las diferencias son tales que incluso pueden derivar en problemas internacionales entre países.
“Nos acercamos a uno de los grandes ideales de los derechos humanos, lograr que más allá de las fronteras, de las diferencias jurídicas o de las particularidades de cada caso que exista un estándar común de protección para las infancias y las adolescencias
Puede parecer una aspiración, ambiciosa, incluso utópica, aquella homogeneidad en los criterios internacionales, porque es un labrar del día día, y es una comunicación que precisamente la red ayuda a que el pensamiento que se construya en este evento académico, pueda sensibilizar a los países, porque la verdad y no me dejará mentir la autoridad central, a quien le agradezco de Estados Unidos, la autoridad central de nuestro país, esto se da a base de construcción, de diálogo, de sensibilidad”.
Si bien hay en México cerca de 600 casos, el Presidente del órgano de administración de judicial, Fernando Díaz Juárez, informó que en 2025 en un periodo de sólo nueve meses en nuestro país se registraron 214 nuevos casos de sustracción, una problemática que afectó de manera directa a 284 niños y niños y adolescentes.
“Esta realidad, esta capacitación especializada, no es un ejercicio meramente teórico o un acto meramente formal, es una herramienta de urgencia procesal, que le servirá a nuestras fuerzas y jueces para acortar tiempos de respuesta procesal y evitar que se alarguen procedimientos que pongan en riesgo los derechos humanos de las infancias”.
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