Integrantes del cabildo de Chapa de Mota denunciaron posibles irregularidades por más de 1.48 millones de pesos en la nómina municipal, relacionadas con ocho personas presuntamente cercanas o vinculadas familiarmente con la alcaldesa María Guadalupe Franco Cruz.
Los señalamientos fueron hechos públicos por el síndico Antonio García Pérez y la primera regidora María del Rosario Franco Barrera, quienes informaron que han recurrido a distintas autoridades para solicitar investigaciones.
¿Qué irregularidades denuncian en la nómina de Chapa de Mota?
El síndico Antonio García Pérez señaló que la revisión de información financiera correspondiente a 2025 y al periodo de abril a junio de 2026 permitió identificar 184 movimientos de pago por un monto superior a un millón 480 mil pesos.
De acuerdo con el funcionario municipal, los movimientos corresponden a ocho personas sobre las cuales existen señalamientos de posibles vínculos familiares o cercanía con la presidenta municipal.
La existencia de los señalamientos sobre los 184 movimientos y el monto de 1.48 millones de pesos fue reportada también por medios locales que cubrieron la conferencia ofrecida por los integrantes del ayuntamiento el 2 de septiembre.
Hasta ahora, los señalamientos constituyen denuncias que deberán ser investigadas por las autoridades competentes; por ello, no implican por sí mismos que se haya acreditado alguna responsabilidad administrativa o penal.
Piden auditoría especial al gobierno municipal
García Pérez informó que existen nueve denuncias administrativas relacionadas con presunto nepotismo, posibles conflictos de interés, abuso de funciones y otras irregularidades.
Los señalamientos sobre la administración encabezada por Franco Cruz también fueron remitidos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) con la petición de realizar una auditoría especial.
“Nosotros reunimos todos los elementos necesarios; ahora tienen que investigar y acreditar si son responsables”, declaró el síndico.
Explicó que, dependiendo de los resultados de las investigaciones administrativas, los hechos podrían posteriormente hacerse del conocimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Síndico acusa obstáculos para ejercer sus funciones
García Pérez sostuvo que parte de los procedimientos iniciados tienen origen en dificultades para acceder a información presupuestal y documentación necesaria para desempeñar sus responsabilidades.
El conflicto incluso llegó a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Una sentencia federal de junio de 2026 confirma que Antonio García Pérez promovió un juicio relacionado con la determinación municipal para que la oficina de la sindicatura fuera compartida con algunas regidurías.
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