El Congreso del Estado de México analiza tres propuestas para modificar las reglas de vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, con cambios en trámites, alquiler social, asentamientos irregulares y obligaciones para desarrolladores inmobiliarios.
¿Qué cambios se analizan para la vivienda en el Estado de México?
La Comisión de Desarrollo Urbano de la LXII Legislatura mexiquense revisó iniciativas promovidas por el diputado Octavio Martínez Vargas, la bancada del PVEM y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
De acuerdo con el Comunicado de Prensa 2126 del Congreso estatal, las propuestas buscan fortalecer el derecho a la vivienda, mejorar la regulación del crecimiento urbano y ofrecer mayor certeza jurídica tanto a las familias como a quienes desarrollan proyectos habitacionales.
Los legisladores Héctor Karim Carvallo Delfín, Octavio Martínez Vargas y Javier Cruz Jaramillo, de Morena, señalaron que los planteamientos también contribuirían al cumplimiento de la política federal de vivienda impulsada durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la reunión también participó el diputado priista Mariano Camacho San Martín.
Regularización de asentamientos y servicios básicos, entre los puntos centrales
Karim Carvallo planteó la necesidad de avanzar en la regularización de asentamientos irregulares existentes en municipios mexiquenses.
También llamó a contar con una legislación que evite que los gobiernos municipales otorguen permisos para nuevos desarrollos cuando no exista capacidad para garantizar servicios básicos, entre ellos el suministro de agua potable.
La discusión apunta así a vincular las autorizaciones de nuevos conjuntos habitacionales con la disponibilidad efectiva de infraestructura y servicios públicos.
Plantean sanciones para desarrolladores que incumplan
Octavio Martínez señaló la necesidad de establecer sanciones para las personas constructoras que incumplan con la dotación de servicios públicos.
El legislador también defendió la participación de colectivos y población organizada en esquemas de construcción de vivienda, además de considerar la autoconstrucción como una alternativa frente a la demanda habitacional.
Durante la sesión se señaló que el programa federal contempla una meta de 1.8 millones de viviendas en México, con 100 mil previstas para el Estado de México, según las cifras expuestas por el legislador durante el encuentro.
¿Qué propone la reforma de vivienda de Octavio Martínez?
La iniciativa de modificación a la Ley de Vivienda plantea crear un Sistema Estatal de Vivienda encargado de integrar, coordinar, dar seguimiento y evaluar de manera transversal la política habitacional mexiquense.
También propone establecer un Programa Estatal de Vivienda que incluya:
- Diagnósticos sobre las necesidades habitacionales.
- Objetivos, metas y estrategias.
- Acciones prioritarias.
- Previsiones presupuestales.
- Mecanismos de seguimiento y evaluación.
- Instrumentos de planeación urbano-territorial.
El proyecto incorpora además la posibilidad de presentar denuncias ciudadanas ante violaciones al derecho a la vivienda y restricciones al acceso a información pública relacionada con la materia.
Alquiler social en Edomex: ¿qué plantea la propuesta del PVEM?
La propuesta de la bancada del PVEM contempla incorporar la figura del alquiler social como una política pública de vivienda.
El objetivo es ofrecer rentas a precios preferentes para sectores considerados vulnerables, con especial atención a las personas jóvenes.
Para ello se plantean modificaciones a la Ley de Vivienda y a la legislación relacionada con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.
Reforma de Delfina Gómez busca agilizar trámites urbanos
La iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez plantea modificaciones al Código Administrativo del Estado de México y otros ordenamientos estatales.
Su propósito es mejorar la regulación de los procesos de desarrollo y ordenamiento territorial, agilizar trámites y precisar conceptos dentro del marco regulatorio.
Javier de Jesús Domínguez González, director general de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, explicó durante la reunión que la iniciativa está vinculada con la política nacional de vivienda y pretende facilitar los procedimientos estatales relacionados con el acceso habitacional.
Evaluaciones de impacto estatal tendrían criterios públicos
Otro de los cambios expuestos durante el análisis legislativo consiste en hacer públicos los criterios que deben cumplir los desarrolladores para obtener la evaluación de impacto estatal.
Javier Cruz señaló además que las propuestas buscan armonizar las autorizaciones de uso de suelo y las evaluaciones de impacto para que se otorguen considerando el predio y no únicamente fracciones aisladas.
Según el legislador, los ajustes reducirían márgenes de discrecionalidad y proporcionarían mayor seguridad jurídica.
Último 25% de permisos de venta estaría condicionado
Uno de los mecanismos planteados contempla limitar la liberación del último permiso de ventas, correspondiente al 25% del total, hasta que el desarrollador entregue al ayuntamiento la totalidad del conjunto habitacional.
Blanca Piña Moreno, directora general de Operación y Control Urbano, explicó que la disposición funcionaría como una medida preventiva.
Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura estatal también se sostuvo que los cambios pretenden agilizar procedimientos, mejorar la operación institucional, incentivar inversión y generar empleo.
¿Las reformas de vivienda en Edomex ya fueron aprobadas?
No. Las propuestas se encuentran en etapa de análisis legislativo, por lo que los cambios descritos todavía no deben considerarse nuevas obligaciones vigentes.
Mariano Camacho pidió cuidar el contenido y ejecución de la eventual reforma, además de distinguir entre la regularización de la tierra y la regularización de asentamientos residenciales irregulares, pues pueden requerir la intervención de diferentes autoridades.
El avance de estas iniciativas será relevante para municipios, desarrolladores y familias mexiquenses debido a que podría modificar procedimientos relacionados con uso de suelo, construcción de vivienda, servicios públicos, alquiler social y ordenamiento territorial.
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