Hubo un tiempo en que el gran reclamo de la sociedad era que las víctimas de violencia sexual no eran escuchadas. Denunciar implicaba enfrentar incredulidad, burocracia y, muchas veces, revictimización. Esa deuda histórica obligó a cambiar leyes, protocolos y la forma de actuar de las instituciones. Era necesario.
Pero hoy parece que estamos caminando hacia otro extremo igual de peligroso.
El caso del profesor Alberto Israel Jasso duele por muchas razones. No sólo porque un hombre decidió quitarse la vida. Duele porque deja una pregunta incómoda que nadie quiere responder: ¿en qué momento una acusación comenzó a valer lo mismo que una sentencia?
En el video que dejó antes de morir, aseguró que era inocente y que su vida había quedado destruida. No corresponde a esta columna determinar si decía la verdad. Esa era precisamente la tarea que nunca pudo concluir la justicia.
Porque ahora tampoco sabremos qué ocurrió realmente.
Y ahí está la tragedia.
No se trata de poner en duda la palabra de quienes denuncian. Mucho menos de desalentar a las víctimas para que guarden silencio. Eso sería un enorme retroceso.
Se trata de recordar que el Estado de derecho existe precisamente para que la verdad no dependa de quién grite más fuerte.
La Constitución mexicana sigue diciendo que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es un principio que aprendimos desde la facultad, que repiten los ministros de la Corte y que aparece en los discursos oficiales.
Pero basta abrir las redes sociales para descubrir que, en la práctica, ese derecho parece haberse convertido en letra muerta.
Hoy basta una acusación para perder el empleo.
Para perder a la familia.
Para perder amigos.
Para ser exhibido en redes sociales.
Para ser condenado por miles de personas que jamás conocerán el expediente.
Y aunque meses o años después un juez determine que no existió delito, nadie devuelve el prestigio perdido. Nadie borra las publicaciones. Nadie reconstruye una carrera profesional. Nadie repara el daño moral.
La absolución jurídica rara vez alcanza para obtener una absolución social.
Vivimos en la era de los juicios digitales, donde un “hashtag” pesa más que una carpeta de investigación y donde el tribunal más severo no está en los juzgados, sino en la pantalla del teléfono.
Eso tampoco es justicia.
Las instituciones tienen la obligación de proteger a quien denuncia. Deben brindar acompañamiento, investigar con rapidez y evitar cualquier forma de revictimización.
Pero también tienen el deber de proteger los derechos del acusado mientras no exista una resolución judicial.
Una cosa no excluye a la otra.
Porque cuando la presunción de inocencia desaparece, cualquier ciudadano puede convertirse en el siguiente.
Y eso debería preocuparnos a todos.
No estamos hablando únicamente del caso de un maestro.
Estamos hablando del modelo de justicia que queremos construir.
Uno donde las víctimas sean escuchadas y protegidas.
Pero también uno donde las acusaciones se investiguen con pruebas y no con tendencias de redes sociales.
Porque si permitimos que la condena llegue antes del juicio, dejamos de vivir bajo el Estado de derecho para entrar al territorio de la sospecha permanente.
Hoy fue Alberto Israel Jasso.
Mañana podría ser cualquier persona.
Y cuando la justicia se sustituye por el linchamiento público, ya no hay verdaderos ganadores.
Sólo queda una sociedad que, creyendo defender derechos, termina sacrificando otro de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la presunción de inocencia.
Porque el Bolero de siempre me dijo que… una sociedad que deja de creer en los jueces para empezar a creer únicamente en los tribunales de internet, corre el riesgo de condenar inocentes sin darse cuenta.
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