El Gobierno de Ecatepec solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspender o modificar el proyecto de resolución del amparo en revisión 13/2026, al considerar que las medidas planteadas para garantizar el suministro de agua potable a habitantes de la Quinta Zona representan una carga financiera y técnica que el municipio no puede asumir de manera inmediata.
La petición fue realizada por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, mediante un escrito dirigido al ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, en el que expone que el cumplimiento de las consideraciones contenidas en el proyecto requeriría una inversión superior a 6 mil millones de pesos.
De acuerdo con el documento, el Ayuntamiento ha realizado diversas obras para mejorar el abastecimiento de agua potable, entre ellas la rehabilitación de pozos y redes de distribución, la construcción del Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, la reparación de fugas y acciones para combatir la extracción ilegal del recurso.
Gobierno asegura que el suministro de agua ha mejorado
La administración municipal afirmó que actualmente los habitantes de la Quinta Zona reciben agua tanto por la red hidráulica como mediante pipas, incluyendo a los 688 ciudadanos que promovieron el juicio de amparo.
Asimismo, señaló que este año comenzarán nuevas obras hidráulicas en esa región con el propósito de reducir el rezago histórico en el servicio.
Uno de los principales puntos del proyecto de resolución contempla la instalación de medidores y el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, que establece los criterios de calidad del agua para consumo humano.
Según el gobierno municipal, únicamente la sustitución de medidores en la Quinta Zona requeriría una inversión cercana a 2 mil millones de pesos, mientras que la modernización de la infraestructura hidráulica demandaría otros 4 mil millones de pesos.
Solicitan ampliar el plazo de cumplimiento
En el escrito dirigido a la Suprema Corte, la alcaldesa planteó tres alternativas: suspender el proyecto de resolución, modificarlo para eliminar la obligación inmediata de cumplir con la NOM-127-SSA1-2021 o, en caso de aprobarse sin cambios, otorgar un plazo de 12 meses para iniciar el cumplimiento de las medidas ordenadas.
La administración municipal argumentó que el rezago en infraestructura hidráulica responde a décadas de falta de mantenimiento, redes obsoletas, fugas, extracción ilegal de agua y una alta dependencia del suministro mediante pipas.
Mientras la SCJN analiza el proyecto, el Ayuntamiento sostuvo que continuará con las obras para fortalecer el abastecimiento de agua potable en distintas zonas del municipio.
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