El bolero de siempre me dijo que…
La detención de nueve exfuncionarios y funcionarios del Gobierno del Estado de México por su presunta participación en una red de venta de plazas no tomó por sorpresa a nadie. Desde hace años, ese era uno de esos secretos a voces que recorrían los pasillos de las dependencias públicas, los sindicatos y a quienes buscaban una oportunidad laboral. Lo sorprendente no era que existiera el esquema, sino que, durante tanto tiempo, nadie actuara.
Hasta ahora.
Las órdenes de aprehensión llegaron tarde, pero llegaron. Sin embargo, la verdadera pregunta no es por qué se actuó, sino por qué se esperó tanto. La respuesta parece inevitable: la investigación conduce al gobierno de Alfredo del Mazo. Resulta difícil imaginar que una red integrada por directores, subdirectores y responsables de áreas estratégicas de Recursos Humanos pudiera operar durante años sin que los niveles superiores tuvieran conocimiento de lo que ocurría.
Y ahí surge el primer gran cuestionamiento. ¿Existe un pacto de impunidad con el exgobernador? Hasta ahora no hay una investigación pública que apunte hacia él ni señales de que las indagatorias pretendan escalar más allá del círculo operativo. Se detiene a quienes presuntamente ejecutaban el mecanismo, pero aún no se observa el mismo interés por esclarecer quién permitió que se consolidara.
El segundo dato tampoco es menor. Varios de los detenidos continuaban desempeñando cargos dentro de la actual administración estatal. Es decir, el cambio de gobierno no significó el desmantelamiento inmediato de la red. Todo indica que el negocio siguió funcionando aun después de la alternancia.
Y no resulta extraño. La venta de plazas representa uno de los negocios más lucrativos dentro de cualquier estructura burocrática. Cuando un empleo público se convierte en mercancía, la corrupción deja de ser un hecho aislado para transformarse en un modelo de negocio.
Las primeras investigaciones hablan de 324 plazas presuntamente irregulares, 168 beneficiarios y un daño inicial al erario superior a los 42 millones de pesos. Pero esa cifra podría ser apenas una parte del problema si, como sostienen las indagatorias, la red operó durante varios años.
Pero las detenciones apenas representan el inicio. Ahora viene la parte más incómoda.
¿Qué ocurrirá con quienes obtuvieron esas plazas mediante pagos ilegales? Si la Fiscalía acredita que hubo nombramientos irregulares, los beneficiarios también deberán enfrentar consecuencias. No basta con detener a quienes vendían; habrá que revisar quiénes compraron, quiénes fueron favorecidos y si deberán perder esos cargos o responder por los recursos públicos involucrados.
Porque el daño no fue solamente económico. Cada plaza vendida significó una oportunidad arrebatada a alguien que sí cumplía con los requisitos y esperaba acceder al servicio público por mérito y no por su capacidad de pago.
Y todavía queda una pregunta mucho más grande.
¿Estamos frente al único caso de corrupción dentro del Gobierno del Estado de México? ¿O simplemente es el primero que logró salir a la superficie gracias a una investigación penal y al trabajo de los medios de comunicación?
La experiencia demuestra que los grandes casos de corrupción rara vez son hechos aislados. Generalmente son síntomas de un sistema que normalizó prácticas ilegales durante años. Cuando una red de esta dimensión logra operar, no lo hace sola; necesita complicidades, omisiones y, sobre todo, silencio.
Las investigaciones deberán responder si este escándalo marca el cierre de una etapa o apenas el comienzo de una limpieza más profunda. Porque si la venta de plazas pudo mantenerse durante tanto tiempo, la pregunta ya no es quiénes fueron detenidos.
La verdadera pregunta es quiénes faltan por responder ante la justicia.
Porque, por ahora, todo indica que las nueve detenciones no representan el final de la historia.
Apenas son la punta del iceberg.
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