La quema de vehículos y el bloqueo de la México-Toluca en Ocoyoacac no fueron un hecho aislado. Fueron la consecuencia de años de denuncias, operativos insuficientes y una tala clandestina que se ha convertido en uno de los negocios ilícitos más lucrativos en los bosques del Estado de México.
El día que el bosque estalló
Las imágenes dieron la vuelta al Estado de México.
Camionetas envueltas en llamas. Comuneros bloqueando la carretera México-Toluca. Habitantes de San Pedro Atlapulco denunciando que estaban cansados de ver cómo los talamontes seguían entrando a los bosques sin que nadie pudiera detenerlos.
Para algunos fue un acto de desesperación.
Para otros, una señal de que las comunidades decidieron hacer lo que consideran que las autoridades dejaron de hacer.
Pero más allá de la discusión sobre los métodos utilizados por los pobladores, hay una realidad imposible de ignorar: lo ocurrido en Ocoyoacac no tomó por sorpresa a nadie.
Todos sabían lo que estaba pasando
La tala clandestina no apareció de la noche a la mañana.
Durante años, organizaciones ambientales, comuneros, ejidatarios y habitantes de la región han denunciado la presencia de grupos dedicados a la extracción ilegal de madera en distintos puntos del Estado de México.
Ocoyoacac no es el único municipio afectado.
También existen reportes constantes en Lerma, Zinacantepec, Xonacatlán, Jilotzingo, Huixquilucan, Joquicingo, Valle de Bravo, Temascaltepec y zonas boscosas de Amanalco.
Las autoridades federales lo saben.
Las estatales también.
Los gobiernos municipales igualmente.
Por eso resulta difícil aceptar que lo sucedido esta semana haya sido una sorpresa.
Lo que sorprendió fue la reacción de los pobladores, no el problema que la provocó.
Un negocio que vale millones
La tala ilegal es mucho más que árboles derribados.
Se trata de una actividad que mueve enormes cantidades de dinero y que opera mediante cadenas completas de extracción, transporte, almacenamiento y comercialización.
De acuerdo con organismos internacionales, los delitos forestales representan entre el 15 y el 30 por ciento del comercio mundial de madera.
En México, especialistas han advertido que una parte importante de la madera que circula en el mercado tiene origen ilegal.
Eso significa que detrás de cada árbol cortado existe una estructura que requiere vehículos, compradores, rutas de traslado, centros de almacenamiento y mecanismos para colocar el producto en el mercado.
Por eso la pregunta nunca debería ser únicamente quién corta los árboles.
La pregunta es quién compra la madera.
El Bosque de Agua bajo presión
La región donde ocurrieron los hechos tiene una importancia estratégica para millones de personas.
Ocoyoacac forma parte del llamado Bosque de Agua, una extensa zona forestal que comparten el Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
Sus bosques son fundamentales para la captación e infiltración de agua que abastece a buena parte del centro del país.
Cada árbol derribado no sólo representa una pérdida ambiental.
También significa menos capacidad para recargar acuíferos, mayor erosión del suelo y un incremento en los riesgos de incendios, deslaves y escasez de agua.
Mientras los talamontes obtienen ganancias inmediatas, las consecuencias las paga toda la región durante décadas.
Los operativos que no alcanzan
Sería injusto afirmar que no existe ninguna acción gubernamental.
En los últimos años se han anunciado operativos conjuntos entre fuerzas estatales, federales y autoridades ambientales.
También se han realizado aseguramientos de madera, clausuras y detenciones.
Sin embargo, los resultados parecen insuficientes frente a la magnitud del problema.
Si después de años de operativos los habitantes siguen denunciando la presencia constante de talamontes, entonces algo no está funcionando.
Las autoridades suelen medir el éxito por el número de vehículos asegurados o personas detenidas.
Las comunidades lo miden de otra manera.
Ellos observan si el bosque sigue desapareciendo.
¿Y los municipios?
Cada vez que ocurre un conflicto relacionado con tala clandestina surge el mismo argumento: la responsabilidad corresponde a instancias federales y estatales.
Es verdad.
La persecución de delitos ambientales involucra a Profepa, Probosque, la Fiscalía, la Guardia Nacional y diversas dependencias.
Pero eso no significa que los ayuntamientos estén exentos.
Los gobiernos municipales son la autoridad más cercana a las comunidades.
Son quienes reciben las primeras denuncias.
Quienes conocen los caminos forestales.
Quienes identifican las zonas de riesgo.
Quienes escuchan los reclamos vecinales.
Por eso vale la pena preguntar qué acciones concretas se han implementado en municipios donde la tala clandestina lleva años denunciándose.
No para repartir culpas.
Sino para entender por qué el problema sigue creciendo.
Cuando la confianza se rompe
Lo más preocupante de Ocoyoacac no son las camionetas incendiadas.
Lo verdaderamente alarmante es el mensaje detrás de esos hechos.
Una comunidad decidió que los mecanismos institucionales ya no eran suficientes.
Cuando los ciudadanos llegan a esa conclusión, la confianza en las autoridades comienza a erosionarse.
Y recuperar esa confianza suele ser mucho más difícil que apagar un incendio.
Lo que viene después del humo
Los vehículos quemados desaparecerán de las noticias en unos días.
Los bloqueos terminarán.
Las cámaras se irán.
Pero la tala clandestina seguirá ahí.
La verdadera prueba para las autoridades no será controlar una protesta.
Será demostrar que pueden proteger los bosques.
Porque detrás del humo que cubrió la México-Toluca hay una pregunta que sigue sin respuesta:
Si todos sabían lo que estaba pasando, ¿por qué tuvo que llegar este momento para que el problema volviera a llamar la atención?
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