El Instituto Nacional Electoral (INE) expresó sus reservas frente a la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear un mecanismo de revisión de candidaturas con el objetivo de detectar posibles vínculos con el crimen organizado. La autoridad electoral advirtió que no puede asumir funciones que impliquen evaluar la integridad o los antecedentes de aspirantes a cargos públicos.
La propuesta presidencial plantea modificar la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales (LGIPE) para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. Este nuevo órgano operaría dentro del INE y tendría acceso a información reservada de instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Sin embargo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo que el instituto no debe convertirse en “juez y parte” dentro de una contienda política. Además, recordó que la función constitucional del organismo es organizar elecciones con legalidad, transparencia y certeza.
¿Qué propone la reforma electoral de Claudia Sheinbaum?
La iniciativa enviada al Congreso busca crear un sistema preventivo para impedir que personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas lleguen a las boletas electorales. El mecanismo permitiría a los partidos políticos solicitar análisis de riesgo sobre sus aspirantes.
De acuerdo con el proyecto, la comisión trabajaría en coordinación con autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y fiscalías estatales.
Además, la propuesta establece que el procedimiento sería voluntario y confidencial. Los partidos decidirían si someten a revisión a todos, algunos o ninguno de sus candidatos. Los resultados tampoco serían públicos y únicamente se entregarían a las dirigencias partidistas.
El Gobierno federal sostiene que la reforma busca fortalecer la confianza ciudadana y evitar la infiltración del crimen organizado en la política. Asimismo, argumenta que los partidos necesitan herramientas formales para tomar decisiones sobre los perfiles que postulan.
Guadalupe Taddei advierte riesgos para la neutralidad del INE
La respuesta del INE surgió después de que las consejerías analizaran los alcances de la iniciativa presidencial. Guadalupe Taddei señaló que la autoridad electoral no puede validar la probidad de las candidaturas ni sustituir funciones ministeriales o judiciales.
Además, las consejeras electorales advirtieron que asumir este tipo de tareas podría comprometer la imparcialidad del organismo. También señalaron que depender de información de inteligencia y seguridad abriría un debate sobre los límites constitucionales del INE.
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas estaría integrada por cinco consejeros electorales y tendría una presidencia rotativa anual. Sin embargo, el instituto considera que esa función rebasa el papel administrativo que le corresponde en la organización de elecciones.
Oposición rechaza reforma electoral impulsada por Morena
Mientras Morena impulsa la aprobación de la reforma en el periodo extraordinario del Congreso, partidos de oposición adelantaron su rechazo a la propuesta. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano consideran que el mecanismo podría utilizarse de forma selectiva contra candidaturas opositoras.
Además, legisladores opositores cuestionaron que autoridades de seguridad e inteligencia puedan emitir alertas sobre aspirantes sin transparentar los criterios utilizados para determinar un “riesgo razonable”.
La iniciativa llega en medio de cuestionamientos hacia algunos perfiles políticos vinculados con Morena en distintas regiones del país. También surge tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con el crimen organizado.
Reforma electoral busca operar en elecciones de 2027
La propuesta presidencial contempla que la nueva comisión entre en funciones antes de las elecciones de 2027. En esos comicios se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en gran parte del país.
Por lo tanto, el debate sobre el papel del INE y los límites de la intervención del Estado en la selección de candidaturas podría convertirse en uno de los temas centrales de la agenda política nacional durante los próximos meses.
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