México se ha convertido en un país donde las familias ya no sólo tienen que enfrentar la desaparición de un ser querido. También tienen que pelear contra la burocracia, la indiferencia y, muchas veces, la indolencia de las propias autoridades.
El caso de Paulina Maritza en Toluca volvió a desnudar esa realidad incómoda que millones conocen demasiado bien: en este país parece que la justicia sólo camina cuando una tragedia se hace viral.
La niña de 12 años desapareció en La Magdalena Otzacatipan y, según denunció su familia, la respuesta institucional fue lenta desde el primer minuto. Lo más grave no es sólo la tardanza, sino la normalización de esa tardanza. Familiares acusaron que en la Fiscalía mexiquense prácticamente les pidieron esperar porque era fin de semana. Como si una desaparición pudiera ponerse en pausa hasta el lunes.
Entonces ocurrió lo que ya se volvió costumbre en México: la familia tuvo que hacer el trabajo del Estado.
Bloquearon la López Portillo, movilizaron vecinos, presionaron en redes sociales y convirtieron el caso en tema público. Sólo así vino la reacción oficial. Sólo así aparecieron operativos, comunicados y conferencias. Sólo así la maquinaria institucional despertó.
Y cuando Paulina apareció con vida, llegaron también los boletines triunfalistas, las fotografías oficiales y la narrativa gubernamental de “misión cumplida”. Pero detrás de esos comunicados quedó flotando una pregunta brutal: ¿qué habría pasado si la familia no cerraba calles ni incendiaba las redes sociales?
Porque eso es precisamente lo que está pudriendo la relación entre ciudadanos y autoridades: la percepción, cada vez más extendida, de que el Estado sólo responde bajo presión pública.
No es un caso aislado.
En abril pasado, el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Saldívar en la Ciudad de México mostró exactamente el mismo patrón. La joven desapareció tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio de la alcaldía Benito Juárez. Desde el principio, la familia entregó ubicación, videos y datos precisos del inmueble donde creían que estaba. Aun así, las autoridades tardaron más de 15 horas en actuar.
La propia Fiscalía capitalina terminó admitiendo una “dilación injustificable”.
Pero para entonces Edith ya estaba muerta.
Lo más demoledor fue escuchar a los familiares decir: “Nosotros hicimos todo”. Porque nuevamente fueron ellos quienes rastrearon cámaras, insistieron en el edificio y empujaron una investigación que avanzaba con desesperante lentitud.
Ese es el verdadero drama nacional: en México las familias se han convertido en ministerios públicos, investigadores, rescatistas y colectivos de búsqueda porque el aparato institucional llega tarde, mal o simplemente no llega.
Las cifras ayudan a entender la dimensión del horror. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas supera ya las 132 mil personas no localizadas en el país. Y detrás de cada número hay una familia atrapada entre el miedo y la indiferencia oficial.
Peor aún: colectivos y organizaciones advierten que muchas desapariciones ni siquiera son investigadas adecuadamente en las primeras horas, justamente las más importantes para localizar a una persona con vida. Mientras tanto, madres buscadoras siguen encontrando fosas clandestinas con sus propias manos, haciendo un trabajo que debería realizar el Estado mexicano.
Lo verdaderamente alarmante es que ya normalizamos esta lógica perversa:
si no haces ruido, nadie te escucha;
si no bloqueas calles, nadie investiga;
si no haces tendencia el caso, la autoridad no se mueve.
Y eso destruye la confianza pública.
Porque la ciudadanía comienza a entender que el acceso a la justicia ya no depende de la ley, sino del nivel de presión mediática que una familia pueda generar.
El caso de Paulina terminó con ella viva. El de Edith terminó en feminicidio. Pero ambos comparten el mismo síntoma: autoridades rebasadas, lentas y reactivas, más preocupadas por controlar la narrativa pública que por responder con rapidez.
México no sólo enfrenta una crisis de desapariciones. Enfrenta también una crisis de humanidad institucional.
Y mientras las fiscalías sigan reaccionando únicamente cuando hay cámaras, bloqueos o indignación viral, las familias seguirán teniendo la aterradora sensación de que, en este país, para que una autoridad te escuche primero tienes que convertir tu dolor en espectáculo.
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