El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso sanciones e inhabilitaciones contra ex funcionarios de la extinta Policía Federal por el presunto desvío de más de 65 millones de dólares. Entre los sancionados se encuentra Damián Canales Mena, quien fue secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas.
Las investigaciones fueron realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. De acuerdo con las autoridades, las indagatorias permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por ex servidores públicos relacionados con un contrato firmado en diciembre de 2015.
Detectan irregularidades en contrato internacional
Según la resolución, los recursos estaban destinados al cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato para la prestación de servicios con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD. Sin embargo, dos funcionarios habrían desviado el pago millonario.
El Tribunal determinó imponer una inhabilitación de 20 años a Frida M., ex secretaria general de la Policía Federal. Además, recibió una sanción económica como parte de la resolución administrativa.
Damián Canales recibe 15 años de inhabilitaciónPor otra parte, Damián Canales Mena, ex titular de la División de Inteligencia de la corporación, fue sancionado con una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos. Asimismo, deberá enfrentar una indemnización económica relacionada con el monto desviado.
Las autoridades informaron que las indemnizaciones económicas superan los 65 millones de dólares estadounidenses. Además, señalaron que los hechos también fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República.
FGR mantiene abierta investigación penal
Actualmente, la FGR mantiene abierta una investigación penal para determinar posibles responsabilidades adicionales. Mientras tanto, las sanciones administrativas ya fueron confirmadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El caso vuelve a colocar bajo revisión el manejo de recursos y contratos realizados durante la operación de la extinta Policía Federal. Además, reaviva cuestionamientos sobre ex funcionarios que posteriormente ocuparon cargos estatales de seguridad pública.
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