El Gobierno de Toluca dio de baja de manera definitiva a dos policías municipales, luego de que una investigación interna acreditó abuso de autoridad contra una persona en aparente estado de ebriedad. El caso se conoció tras la difusión de un video en redes sociales.
La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca informó que la decisión se tomó después de la indagatoria iniciada por la Dirección de Asuntos Internos. La revisión se abrió tras la circulación de las imágenes, en las que se documentó la presunta conducta indebida de los elementos.
De acuerdo con la autoridad municipal, los hechos fueron atribuidos a una responsabilidad individual de los policías involucrados. Además, el Ayuntamiento sostuvo que este tipo de conductas no representan a la corporación ni a los principios institucionales que rigen a la administración local.
El gobierno encabezado por el alcalde Ricardo Moreno reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a la corrupción, el abuso de autoridad y cualquier acto de impunidad. Por lo tanto, señaló que la baja definitiva de los uniformados forma parte de las medidas para sancionar conductas contrarias al servicio público.
Asimismo, la administración municipal afirmó que continuará fortaleciendo los mecanismos de supervisión interna. En consecuencia, destacó la importancia de actuar con rapidez cuando existan pruebas o denuncias sobre posibles violaciones a los derechos de la ciudadanía.
El caso cobra relevancia pública porque vuelve a poner en el centro del debate el comportamiento de los cuerpos de seguridad y la necesidad de garantizar actuaciones apegadas a la ley. Sin embargo, también muestra la presión que ejercen las redes sociales como canal de denuncia y como detonante de investigaciones oficiales.
El Ayuntamiento de Toluca reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de una policía cercana, confiable y respetuosa de los derechos humanos. Mientras tanto, el mensaje institucional busca marcar distancia frente a prácticas que afectan la confianza ciudadana.
La difusión del video y la posterior resolución administrativa evidencian que los actos cometidos por servidores públicos pueden derivar en sanciones cuando se documentan e investigan. Posteriormente, las autoridades locales deberán sostener esta línea de actuación para fortalecer la credibilidad en la corporación policial.
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