La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) promovió 80 acciones de inconstitucionalidad contra bandos municipales de 2026, al detectar posibles violaciones a derechos fundamentales en distintos municipios de la entidad.
El presidente del organismo, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presentó los recursos ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia estatal. La medida busca garantizar que las normas municipales se ajusten a la Constitución y protejan los derechos humanos de la población mexiquense.
Detectan irregularidades en 80 municipios
La CODHEM realizó un análisis jurídico de los 125 bandos municipales vigentes. Como resultado, identificó que en 80 de ellos existen artículos que podrían contravenir la Constitución estatal.
Entre las principales irregularidades destacan multas excesivas y disposiciones ambiguas. Estas normas no establecen criterios claros para sancionar conductas, lo que permite decisiones discrecionales por parte de las autoridades municipales.
Además, el organismo advirtió que algunos bandos no consideran factores como la gravedad de la falta, la reincidencia o la situación económica del infractor. En consecuencia, esto podría derivar en sanciones desproporcionadas.
Municipios invaden facultades penales
Otro hallazgo relevante es que varios municipios incluyen sanciones sobre conductas que corresponden al ámbito penal. Entre ellas se encuentran el maltrato animal, daños ambientales, discriminación y delitos graves como la trata de personas.
Sin embargo, estas materias son competencia del Congreso estatal. Por lo tanto, su regulación a nivel municipal podría generar duplicidad de sanciones y confusión jurídica sobre la autoridad competente.
Riesgos para la infancia y adolescencia
La CODHEM también alertó sobre disposiciones que afectan a niñas, niños y adolescentes. En algunos casos, los bandos contemplan medidas que podrían implicar la privación de la libertad en el ámbito de justicia cívica.
Este tipo de normas vulnera el principio del interés superior de la infancia, que obliga a priorizar la protección integral de sus derechos. Asimismo, contradice marcos legales nacionales e internacionales en la materia.
Reincidencia en normas ya invalidadas
El organismo detectó que algunos municipios retomaron disposiciones previamente invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta práctica resulta contraria a los criterios ya establecidos por el máximo tribunal del país.
Defensa del orden constitucional
Las acciones de inconstitucionalidad se sustentan en diversas disposiciones legales que facultan a la CODHEM para impugnar normas contrarias a derechos humanos.
Finalmente, el organismo reiteró que el orden público no puede imponerse por encima de la legalidad. Además, subrayó que las autoridades municipales deben actuar dentro de sus competencias y respetar los derechos fundamentales.
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