Conflicto familiar escala a disputa judicial en Metepec
Un conflicto familiar que involucra al segundo síndico del Ayuntamiento de Toluca, Jaime Amado López Gómez, militante del Partido Acción Nacional (PAN), ha escalado a una disputa judicial que su expareja denuncia como un caso de violencia vicaria y uso de influencias en el Estado de México.
Los hechos se remontan al 18 de septiembre de 2024, cuando al menos diez personas llegaron al domicilio que Laura López López, ciudadana española de 48 años, compartía con el funcionario y sus dos hijas menores. La vivienda se ubica en el municipio de Metepec.
Según registros en video captados por un testigo, el grupo llegó acompañado por al menos dos policías y un abogado. Además, portaban grandes cajas de plástico y se movilizaban con una camioneta y un camión de mudanzas estacionados afuera del inmueble.
De acuerdo con la versión de la mujer, las personas rodearon la casa en pocos minutos y posteriormente ingresaron para retirar pertenencias. El abogado del funcionario, Manuel Montes de Oca Colín, explicó en ese momento que el objetivo era sacar objetos personales del síndico “para poder vivir”.
Durante el episodio, la mujer que documentó el hecho cuestionó al funcionario por la presencia del grupo. “Jaime, tú eres un hombre y vienes con todas estas personas a amedrentar a una mujer”, se escucha en el video.
Ordenan desalojo tras audiencia
El caso tomó un nuevo giro el pasado 27 de febrero, cuando el juez del Juzgado Tercero de lo Familiar en Metepec, Miguel Ángel Domínguez López, ordenó el desalojo inmediato de Laura López del domicilio.
La decisión ocurrió tras una audiencia que, según la denunciante, duró menos de una hora. Posteriormente, el funcionario ingresó a la vivienda acompañado por patrullas y elementos policiales.
Laura López sostiene que la propiedad fue adquirida durante su matrimonio con López Gómez bajo el régimen de bienes mancomunados. Sin embargo, afirma que el juez ordenó el desalojo pese a que existen constancias de que el funcionario posee otras propiedades.
“Una hora después de la audiencia, Jaime estaba entrando a la casa. Llegó con cinco patrullas, todos armados. Estoy fuera de la casa y completamente vulnerable”, relató la mujer en entrevista telefónica.
Señala impedimento para ver a sus hijas
El conflicto legal entre la expareja suma más de 17 meses. Durante ese periodo, López afirma que no ha podido convivir con sus dos hijas menores.
La mujer asegura que el proceso judicial ha estado marcado por omisiones y presiones legales en su contra. Además, denuncia que se han abierto diversas carpetas de investigación que, según afirma, no han prosperado.
El caso ha llamado la atención de autoridades y organismos. Por un lado, el Consulado de España en México ha seguido el proceso debido a que López es ciudadana española. Asimismo, la Secretaría de las Mujeres ha brindado acompañamiento institucional.
Ambas instancias han observado el desarrollo del proceso judicial, en medio de señalamientos sobre un posible uso desproporcionado de recursos institucionales en el conflicto.
Mientras tanto, el litigio continúa en tribunales del Estado de México, en un caso que ha puesto en debate la posible violencia vicaria y la actuación de autoridades en disputas familiares que involucran a funcionarios públicos.
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