La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 13 mil millones de pesos en recursos federales ejercidos por el Gobierno del Estado de México y sus municipios, de acuerdo con el Tercer Informe de la Cuenta Pública presentado ante la Cámara de Diputados.
El reporte señala que tanto la administración estatal como los 125 ayuntamientos mexiquenses deberán aclarar el destino de estos recursos. De lo contrario, las autoridades podrían enfrentar procedimientos legales.
Además, el informe llega en un momento político clave, ya que el Congreso federal se encuentra en proceso de elegir al próximo titular de la ASF para el periodo 2026-2034.
Municipios concentran la mayor parte de las observaciones
Según los resultados de la auditoría, los municipios del Estado de México acumulan 7 mil 68 millones de pesos en observaciones relacionadas con el uso de recursos federales.
Las revisiones identificaron presuntas irregularidades en diversos programas y proyectos financiados con fondos federales. Por lo tanto, los ayuntamientos deberán presentar documentación que compruebe el uso correcto del dinero público.
Entre las demarcaciones con mayores montos por aclarar destacan:
- Valle de Chalco Solidaridad — 966.3 millones de pesos por aclarar.
- Otzolotepec — 295.2 millones de pesos observados.
- Toluca — 287.4 millones de pesos pendientes de aclarar.
- Huixquilucan — alrededor de 261.8 millones de pesos observados en auditoría federal.
- Atizapán de Zaragoza — aparece entre los municipios con observaciones relevantes, aunque el monto específico varía según auditorías.
En conjunto, los municipios del Estado de México acumulan más de 7 mil 068 millones de pesos por aclarar derivados del gasto federalizado revisado por la ASF.
Estas observaciones corresponden a posibles inconsistencias administrativas, pagos no comprobados o recursos que no cuentan con respaldo documental suficiente.
El ayuntamiento de Huixquilucan afirmó en un comunicado oficial que no recibió los fondos mencionados por aclarar por la ASF debido a que fueron retenidos por la secretaría de finanzas del Estado de México para saldar deudas.
Sin embargo, también se reportaron casos positivos. El municipio de Metepec logró una “auditoría limpia”, lo que significa que no registró observaciones ni pliegos de responsabilidad en la revisión federal.
Gobierno estatal debe aclarar más de 6 mil millones
Por otra parte, el Gobierno del Estado de México deberá justificar el uso de 6 mil 18 millones de pesos provenientes de fondos federales.
Las principales alertas se concentran en el sector salud. La ASF detectó problemas relacionados con desabasto de medicamentos y infraestructura hospitalaria que aún no opera, a pesar de que ya recibió recursos públicos.
En consecuencia, las autoridades estatales deberán presentar evidencia sobre la aplicación de estos recursos y el estado actual de los proyectos financiados.
Proceso para elegir al nuevo auditor superior
Este informe se publicó mientras la Cámara de Diputados avanza en el proceso para designar al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Actualmente, 92 aspirantes participan en la etapa de entrevistas. Entre ellos se encuentran tres perfiles originarios del Estado de México, quienes buscan suceder al actual auditor David Colmenares.
El nombramiento del nuevo titular se prevé antes del 11 de marzo, y el cargo tendrá vigencia hasta 2034.
Posibles consecuencias legales
Tras recibir la notificación oficial, las entidades observadas contarán con un plazo legal para solventar las irregularidades.
Primero deberán entregar documentación que acredite el destino de los recursos. Sin embargo, si las aclaraciones no resultan suficientes, la ASF podría presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.
En consecuencia, el proceso de revisión podría derivar en investigaciones administrativas o penales contra funcionarios responsables.
El informe de la Auditoría Superior de la Federación coloca nuevamente al Estado de México bajo escrutinio financiero, al detectar más de 13 mil millones de pesos pendientes por aclarar. Mientras municipios y gobierno estatal preparan sus respuestas, el proceso de fiscalización continuará y podría derivar en sanciones si no se justifican los recursos públicos.
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