El senador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de agravar las penas contra quienes cometan robos, abuso sexual o actos de violencia en el transporte público o concesionado.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado suscribió la propuesta para adicionar y modificar diversas disposiciones legales. La iniciativa busca aumentar las sanciones cuando los delitos ocurran en unidades, estaciones, paraderos, terminales o instalaciones vinculadas al servicio.
Argumenta alta incidencia y percepción de inseguridad
El legislador señaló que millones de personas utilizan diariamente el transporte público para acudir a sus centros de trabajo, escuelas o servicios de salud. Sin embargo, advirtió que este servicio se ha convertido en un espacio de riesgo para los usuarios.
De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 70.9 por ciento de las mujeres manifestaron sentirse inseguras al usar el transporte público. Además, el Instituto Nacional de las Mujeres reportó que nueve de cada diez mujeres han sufrido agresiones verbales, persecución, acoso o abuso sexual en estas unidades.
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 reveló que 23.7 por ciento de las personas dejaron de utilizar el transporte público por temor a ser víctimas de un delito. Asimismo, 36.7 por ciento evita tomar taxis por considerarlos inseguros. En el Estado de México se registraron más de cinco mil 103 robos en unidades concesionadas durante el año pasado.
¿Qué cambios plantea la reforma?
La iniciativa propone adicionar la fracción VI al artículo 266 Bis del Código Penal Federal. Con ello, las penas por abuso sexual y violación aumentarían hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando se cometan dentro del transporte público o concesionado.
Además, plantea reformar el artículo 376 Ter para sancionar el delito de robo contra personas que presten o utilicen estos servicios. El texto define como transporte público todo medio de traslado que opere mediante concesión, permiso o autorización oficial, incluyendo vehículos, estaciones y terminales.
El senador argumentó que, aunque el Código Penal contempla estos delitos, no establece agravantes específicas para hechos ocurridos en el transporte público. Por lo tanto, sostuvo que la reforma busca reconocer el carácter agravado de estos ilícitos y proteger a los grupos más vulnerables.
Impacto de la propuesta
La iniciativa pretende fortalecer la seguridad jurídica de los usuarios y disuadir la comisión de delitos en espacios de alta concentración de personas. De aprobarse, las sanciones serían más severas para quienes atenten contra la integridad de pasajeros en un servicio esencial para millones de mexicanos.
En consecuencia, la propuesta coloca en el debate legislativo la necesidad de reforzar la protección en el transporte público y garantizar condiciones más seguras para la movilidad diaria en el país.
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