El diputado Octavio Martínez Vargas, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para agravar las penas por abogacía fraudulenta en el Estado de México. La propuesta plantea sanciones de hasta cinco años de prisión contra quienes simulen actos jurídicos o presenten pruebas falsas con el fin de obtener resoluciones contrarias a la ley.
La iniciativa se presentó durante sesión deliberante del Congreso local y busca reformar el Código Penal estatal.
¿Qué propone la iniciativa?
El legislador propone ampliar los supuestos de los delitos cometidos en el ejercicio de la abogacía. Además, plantea aumentar las sanciones actuales cuando abogadas, abogados, patronos, litigantes, defensores o asesores jurídicos realicen actos simulados o fraudulentos que afecten la correcta impartición de justicia.
Actualmente, el Código Penal contempla penas de uno a tres años de prisión en ciertos casos. Sin embargo, la reforma propone sanciones de dos a cinco años de cárcel, de 100 a 500 días multa y suspensión para ejercer hasta por tres años. En caso de reincidencia, la inhabilitación sería definitiva.
Conductas que serían sancionadas
La propuesta establece que cometerán este delito quienes:
- Soliciten plazos para probar hechos notoriamente improcedentes.
- Aconsejen presentar testimonios o documentos falsos.
- Oculten, sustraigan o destruyan expedientes judiciales.
Simulen actos jurídicos o alteren pruebas para influir en una sentencia.
Asimismo, se sancionaría a quienes promuevan recursos o incidentes claramente improcedentes para retrasar un juicio. También se castigaría a quienes aleguen hechos falsos o invoquen leyes inexistentes o derogadas.
Por lo tanto, la reforma busca cerrar lagunas legales que, según el legislador, permiten conductas que afectan la credibilidad del sistema judicial.
¿Por qué se impulsa esta reforma?
El diputado argumentó que la legislación actual presenta vacíos que dificultan sancionar prácticas indebidas. Además, señaló que estas conductas pueden propiciar impunidad y dañar la imagen de las y los profesionistas del derecho.
Indicó que alrededor del 25% de las personas privadas de la libertad habrían recibido una defensa inadecuada. En consecuencia, consideró urgente tipificar de forma más clara la fabricación de delitos y otras prácticas irregulares.
Sin embargo, aclaró que la iniciativa no busca criminalizar la profesión, sino proteger el ejercicio ético de la abogacía frente a la competencia desleal.
Impacto en el sistema judicial
La propuesta mantiene las sanciones actuales por abandono de defensa sin causa justificada o por representar intereses opuestos. No obstante, agrega nuevos supuestos para fortalecer el marco legal.
Con esta reforma, el Congreso mexiquense analizará si endurece las penas contra prácticas fraudulentas en procesos judiciales. Finalmente, el debate definirá si el Estado de México establece un marco más estricto para garantizar la legalidad y la ética en la defensa jurídica.
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