En la Universidad Autónoma del Estado de México la pregunta no es menor: ¿lo que estamos viendo es rendición de cuentas… o un elegante pacto de impunidad?
Hace menos de un año la institución vivía una de sus crisis más graves. Paro en 21 de 32 facultades. Protestas masivas. Exigencia de anular el proceso sucesorio. Un audio filtrado donde el entonces rector Carlos Eduardo Barrera Díaz presuntamente hablaba de dejar “las arcas vacías”. Señalamientos de malos manejos financieros. Acusaciones de intervención para favorecer a una candidata.
Era un incendio institucional.
La presión fue tal que Barrera Díaz renunció el 13 de mayo de 2025, apenas horas antes de concluir formalmente su periodo. Parecía el inicio de una depuración profunda. Se hablaba de auditorías externas, de fiscalización rigurosa, de transparencia total.
Pero el tiempo pasó. Y el incendio, curiosamente, se convirtió en bruma.
Hoy el exrector se encuentra en año sabático, con goce íntegro de sueldo y prestaciones, aprobado conforme al reglamento por el Consejo Académico de la Facultad de Química. Todo legal. Todo en orden. Todo… muy conveniente.
Mientras tanto, las auditorías siguen “en etapa de observaciones”. La explicación oficial es que la toma de Rectoría durante las protestas retrasó los procesos de entrega–recepción. Es decir: la huelga que pedía claridad terminó retrasando la claridad.
Y no es el único movimiento interesante.
Eréndira Fierro Moreno, excandidata en aquel proceso turbulento y señalada como beneficiaria de una supuesta “operación imposición”, hoy es Directora de Administración en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Extraoficialmente, también habría solicitado año sabático o permiso en la UAEMéx.
Así que el saldo provisional de la mayor crisis universitaria reciente es este:
Una comunidad estudiantil movilizada.
Un rector que renuncia bajo presión.
Auditorías que avanzan con calma académica.
Y dos figuras centrales reubicadas o protegidas bajo la figura del reglamento.
¿Castigo? No se ve.
¿Premio? Tampoco se admite.
¿Reacomodo político con barniz normativo? Empieza a parecerlo.
El problema no es el año sabático. Es el contexto.
El problema no es el nuevo cargo. Es el mensaje.
Cuando una universidad pública vive una huelga masiva por presuntas irregularidades y, meses después, los protagonistas siguen operando con normalidad institucional, la sospecha es inevitable: ¿se cerró la crisis… o se administró?
La comunidad pidió auditorías profundas. Transparencia real. Responsabilidades claras.
Hasta ahora, lo único profundo parece ser el silencio.
En la UAEMéx la historia aún no termina. Pero mientras las observaciones duermen en expedientes y los permisos fluyen conforme al reglamento, la pregunta sigue viva en los pasillos:
¿Premio o castigo?
¿Legalidad… o pacto de impunidad?
