La LXII Legislatura del Estado de México analizará dos iniciativas enviadas por Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), para fortalecer el marco legal en materia civil y judicial.
Las propuestas buscan regular la figura de la nulidad de juicio concluido y establecer con claridad la integración de los tribunales de alzada. Además, pretenden armonizar la legislación estatal con disposiciones nacionales vigentes.
¿Qué proponen las iniciativas?
La primera iniciativa plantea reformar el Código Civil del Estado de México. Su objetivo es regular de manera expresa la nulidad de juicio concluido. Esta figura permitiría atender casos excepcionales en los que una sentencia firme se obtuvo mediante fraude procesal, colusión o pruebas falsas.
Durante sesión deliberante, la diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT) dio lectura a la propuesta. Según el documento, la nulidad solo procederá cuando exista sentencia definitiva con carácter de ejecutoria.
Asimismo, la iniciativa reconoce el derecho de las personas a impugnar resoluciones firmes si se demuestra que el juicio se llevó sin su conocimiento, hubo falsa representación o existieron maniobras fraudulentas que afectaron el debido proceso.
Por lo tanto, la reforma establece bases claras para que jueces y juezas resuelvan estos casos conforme a los principios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Condiciones y efectos de la nulidad
La propuesta señala que la nulidad no suspenderá automáticamente la ejecución de la sentencia firme. Sin embargo, quien promueva la acción podrá solicitar la suspensión, siempre que otorgue una garantía para cubrir posibles daños a la parte vencedora.
En consecuencia, si la nulidad resulta infundada, la garantía se entregará a la parte demandada sin necesidad de prueba adicional. No obstante, cuando se acredite que la ejecución puede causar daño irreparable, no será necesario otorgar garantía.
En ese escenario, si la acción se declara improcedente, la persona promovente deberá pagar daños, perjuicios, gastos y costas. Además, el abogado que interponga la acción podría recibir una multa de hasta un año del valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Cambios en los tribunales de alzada
Por otro lado, la segunda iniciativa propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Su finalidad es armonizar la legislación local con la Constitución estatal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La reforma reconoce que los tribunales de alzada podrán integrarse por uno o tres magistrados. También establece que contarán con secretarías de acuerdos, proyectistas y el personal que determine el Órgano de Administración Judicial.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, los tribunales de alzada resuelven recursos de apelación tanto federales como estatales.
¿Por qué son relevantes estas reformas?
Las iniciativas buscan fortalecer la certeza jurídica y garantizar procesos más justos. Además, pretenden brindar herramientas claras al Poder Judicial para atender casos excepcionales y agilizar la integración de tribunales.
Ahora, el Congreso mexiquense estudiará ambas propuestas en comisiones antes de su posible aprobación. En consecuencia, su análisis podría marcar ajustes importantes en el sistema judicial del Estado de México.
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