El Poder Judicial del Estado de México resolvió a favor de una menor de edad en un juicio oral mercantil, al ordenar que una aseguradora pague la póliza de seguro de su padre fallecido. La decisión reconoció que la niña era la única beneficiaria y garantizó su derecho al interés superior de la niñez.
Resolución tras un juicio oral mercantil
El caso se analizó en el Distrito Judicial de Toluca, donde el órgano jurisdiccional revisó pruebas y elementos del expediente. Posteriormente, acreditó que el fallecimiento del padre ocurrió de forma accidental. Además, determinó que no existía sustento legal para la negativa de la aseguradora.
Por lo tanto, el juzgado dictó sentencia definitiva y ordenó el cumplimiento total de las prestaciones reclamadas en favor de la menor.
Participación activa y protegida de la menor
El juez Chrystian Tourlay Arizona, titular del Juzgado Cuarto Mercantil, condujo el proceso con medidas reforzadas de protección. Durante la diligencia, la menor participó de manera activa, segura e informada.
Mientras tanto, el juzgador generó un entorno de confianza. La niña fue escuchada directamente, acompañada por un agente del Ministerio Público, una psicóloga del Sistema DIF y una persona de su confianza. En consecuencia, se evitó cualquier forma de violencia y se aseguró su protección integral.
Sentencia en formato de lectura fácil
Como parte de una justicia cercana y accesible, el juzgado elaboró una versión de la resolución en formato de lectura fácil. Además, la leyó durante la audiencia. Posteriormente, la autoridad entregará y explicará el documento directamente a la menor, para que comprenda lo ocurrido y el alcance de la sentencia.
Compromiso institucional con la niñez
Este caso reafirma el compromiso del Poder Judicial mexiquense con una impartición de justicia que escucha y protege a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, demuestra que cada sentencia puede transformar realidades y garantizar derechos fundamentales.
La resolución marca un precedente relevante al priorizar la voz de una menor y asegurar el pago de una póliza injustamente negada. En consecuencia, fortalece el acceso efectivo a la justicia y el respeto al interés superior de la niñez en el Estado de México.
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