El Poder Judicial del Estado de México informó que el Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección operó de forma ininterrumpida durante 2025, garantizando atención jurisdiccional las 24 horas, los 365 días del año, sin interrupciones por fines de semana, madrugadas o días festivos.
Operación continua durante 2025
El informe oficial, emitido el 5 de enero en Toluca, Estado de México, detalla que juezas y jueces penales atendieron miles de solicitudes relacionadas con órdenes de aprehensión, cateos y medidas de protección. Además, el órgano jurisdiccional mantuvo su función activa con el objetivo de asegurar una respuesta inmediata a las autoridades ministeriales y a la ciudadanía.
Durante el año, el juzgado analizó 5 mil 196 solicitudes de órdenes de aprehensión. De ese total, 3 mil 267 fueron autorizadas, mientras que 10 obtuvieron aprobación parcial. Sin embargo, mil 711 peticiones fueron negadas y 208 se declararon sin materia. Cada resolución implicó el análisis legal correspondiente, así como la valoración de indicios conforme a la normativa vigente.
Cateos bajo control judicial
En materia de cateos, el juzgado procesó 3 mil 778 solicitudes. De estas, 2 mil 653 recibieron autorización, mil fueron rechazadas, 11 se aprobaron parcialmente y 114 quedaron sin materia. Este tipo de resoluciones resulta clave para el desarrollo de investigaciones ministeriales. No obstante, todas se emiten bajo estricta supervisión judicial y con respeto a los derechos humanos.
Además, estas autorizaciones permiten la actuación legal de las autoridades en inmuebles específicos, siempre con respaldo jurídico y límites claros establecidos por la ley.
Medidas de protección inmediatas
De forma paralela, el órgano jurisdiccional resolvió 69 medidas de protección relacionadas principalmente con casos de violencia familiar. Del total, 50 fueron confirmadas, dos ajustadas, cuatro revocadas y 13 quedaron sin materia. Estas determinaciones se emiten en un plazo máximo de cuatro horas.
Entre las acciones más comunes destacan la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, así como la restricción para acudir a su domicilio u otros lugares donde se encuentre.
Garantía de acceso a la justicia
Finalmente, el Poder Judicial del Estado de México subrayó que esta operación permanente refuerza el acceso a la justicia y la protección de las personas. En consecuencia, la labor continua del juzgado fortalece la respuesta institucional y la seguridad jurídica en la entidad.
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