La detención del periodista Rafael León Segovia, ocurrida el miércoles 25 de diciembre en Coatzacoalcos, Veracruz, provocó una fuerte reacción por parte de la organización internacional Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y acceso a la información.
Rafael León, conocido también como “Lafita León”, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial y la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo imputó como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Vinculan detención con su labor periodística
Artículo 19 informó que la detención está directamente relacionada con la cobertura periodística de nota roja que León Segovia realiza en la región sur del estado, una zona con alta presencia de violencia y crimen organizado. La organización condenó lo que calificó como una criminalización del ejercicio periodístico y advirtió sobre el uso del derecho penal como mecanismo de intimidación.
Desde el 24 de diciembre, al reportero se le notificó que estaba siendo investigado por los graves delitos mencionados. Actualmente, se encuentra bajo prisión preventiva mientras se define su situación jurídica en una audiencia programada para el 30 de diciembre.
Preocupación por patrones de intimidación judicial
Este caso se suma a otros recientes como el del periodista Rodolfo Ruiz en Puebla, lo que según Artículo 19 refuerza una preocupación creciente por el uso indebido del sistema judicial contra comunicadores. “Casos como este generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia”, indicó la ONG.
Asimismo, la organización exigió a las autoridades veracruzanas erradicar prácticas intimidatorias contra la prensa y exhortó a la Fiscalía estatal a actuar con imparcialidad. También hizo un llamado al Poder Judicial para que garantice los derechos del imputado y se respete el debido proceso.
La detención de Rafael León Segovia se inserta en un contexto de creciente riesgo para periodistas en México, particularmente en regiones marcadas por la violencia. La reacción de Artículo 19 pone en evidencia una preocupación constante por el respeto a la libertad de prensa y el uso del aparato judicial como forma de represión.
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