La LXII Legislatura del Estado de México hizo un llamado formal a los 125 ayuntamientos para que completen la implementación de sus juzgados cívicos y adecuen sus reglamentos municipales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México.
Rezago significativo en la implementación
Durante la sesión parlamentaria, la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez, del grupo parlamentario de Morena, presentó un punto de acuerdo que revela avances limitados en la materia. Según datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), apenas el 56.88% de los municipios ha avanzado en la implementación de la justicia cívica municipal.
Peor aún, en mayo de 2024, solo 25 municipios —equivalente al 20%— habían emitido sus respectivos reglamentos y modificado sus bandos municipales para cumplir con la ley vigente desde hace dos años. Rivera Sánchez enfatizó que este retraso compromete los esfuerzos por fortalecer la gobernanza local y prevenir conflictos sociales desde sus raíces.
Un llamado a la acción institucional
El exhorto legislativo no se limita a señalar deficiencias, sino que propone acciones concretas. Los municipios deben:
- Establecer juzgados cívicos con espacios adecuados.
- Asignar recursos humanos y materiales suficientes.
- Expedir el Reglamento de Justicia Cívica Municipal.
- Modificar sus bandos y normativas locales en concordancia con la Ley estatal.
La legisladora sostuvo que este proceso no debe verse como una medida meramente administrativa, sino como parte de una estrategia más amplia para reconstruir el tejido social desde lo local.
Justicia cívica: herramienta para la paz comunitaria
Rivera subrayó el valor transformador de la justicia cívica: “No busca castigar, sino reintegrar. No pretende excluir, sino preservar a la comunidad”. En este sentido, defendió que una justicia cercana, accesible y eficaz puede resolver conflictos cotidianos, promover la convivencia y fortalecer la armonía social en el Estado de México.
La Codhem, en su Diagnóstico 2025 sobre Derechos Humanos en la Justicia Cívica Municipal, respalda este enfoque, señalando que el modelo cívico permite atender conflictos menores con enfoque preventivo y restaurativo. Además, fomenta el respeto mutuo y el reconocimiento de derechos y responsabilidades ciudadanas.
El exhorto del Congreso mexiquense plantea un mensaje claro: sin justicia cívica no puede haber paz sostenible a nivel local. La implementación integral de esta política pública no solo cumple una obligación legal, sino que refuerza la capacidad de los municipios para resolver conflictos, generar cohesión social y asegurar el respeto a los derechos humanos.
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