En Toluca, colectivas feministas se reunieron este martes en la Plaza de los Mártires para denunciar que, aunque el aborto dejó de ser delito en la entidad, acceder a un procedimiento seguro es casi imposible para la mayoría de las mexiquenses. Con pañuelos verdes en mano y mensajes de exigencia, las asistentes señalaron que la realidad en las clínicas públicas está lejos de coincidir con lo que establece la ley.
Las organizaciones convocantes explicaron que continúan documentando casos en los que personal médico niega la atención o entrega información imprecisa, lo que provoca que quienes buscan la interrupción del embarazo enfrenten obstáculos desde el primer acercamiento. Afirmaron que estas barreras colocan a mujeres y personas gestantes en situaciones de vulnerabilidad y las dejan sin una ruta clara para recibir atención.
Para las colectivas es preocupante que la prestación del servicio sea mínima en comparación con la demanda que atienden redes de acompañamiento. Está problemática, lamentaron, incluso se replica en víctimas de violación, por lo que la maternidad no es deseada sino impuesta por la falta de garantía de acceso a la interrupción legal del embarazo.
Asimismo, señalaron que esta situación se suma a otras violencias que les afectan en su salud física y emocional.
Ante este panorama, lanzaron un llamado a que el Estado garantice información clara, personal capacitado y servicios libres de estigma. Marea Verde y Católicas por el derecho a decidir advirtieron que continuarán movilizándose mientras la atención dependa de criterios individuales y no de un sistema que asegure el acceso al aborto seguro, legal y gratuito.
Pedro Pérez
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