La noche del 17 de noviembre de 2025, Karina Aurora Díaz Hernández, regidora del municipio de Palizada, Campeche, falleció tras ser atacada con arma de fuego. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el deceso e informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al Hospital General tras el reporte del ingreso de una mujer herida por proyectil. Más tarde se confirmó que la víctima era la funcionaria municipal.
Fiscalía abre carpeta de investigación y no revela nombre en comunicado
Aunque el nombre de la regidora no fue mencionado directamente en el comunicado oficial de la Fiscalía, se confirmó que la mujer herida falleció mientras recibía atención médica. Las autoridades señalaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y detener a los responsables del ataque armado.
Reacciones desde el Senado de la República
El asesinato provocó indignación en el ámbito político. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, expresó su pésame y exigió justicia en redes sociales. “Mi más sentido pésame y mi gran indignación. Solidaridad con usted, querida senadora @MartinaKantun, y con los familiares y amistades de la compañera Karina Díaz Hernández. Es inminente que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables”, escribió.
Parte de una preocupante ola de violencia política
La agencia EFE contextualizó este crimen dentro de una serie de ataques contra autoridades locales en todo el país. La muerte de Karina Díaz ocurre poco después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y se suma a la lista de más de diez funcionarios municipales asesinados en los últimos doce meses.
Organismos de seguridad federal han encendido alertas ante la tendencia creciente de violencia política. Estos eventos han generado preocupación sobre la seguridad de quienes ocupan cargos públicos, especialmente en zonas con alta conflictividad.
El asesinato de Karina Aurora Díaz Hernández subraya los riesgos que enfrentan los funcionarios locales en México. Las autoridades han iniciado una investigación, pero la ciudadanía y líderes políticos exigen acciones inmediatas para frenar la violencia y garantizar justicia.
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