Integrantes del cabildo del municipio de El Oro, Estado de México, presentaron una solicitud formal ante el Congreso local para destituir a la presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, por presunto incumplimiento de funciones, abuso de autoridad y desvío de recursos. Según el síndico Ubaldo Velázquez y seis regidores, la administración actual mantiene un clima de ingobernabilidad, con servicios públicos colapsados y personal sin pago.
Los denunciantes señalaron que la presidenta no acude a laborar de manera regular, impide la entrada de ciudadanos a las sesiones de cabildo y prohíbe las transmisiones públicas de dichas reuniones. Además, acusaron la retención de salarios y el manejo irregular de recursos propios, estimados entre 180 mil y 250 mil pesos mensuales, que no habrían ingresado a la tesorería municipal.
Procedimiento y ruta legal
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez, aclaró que el Congreso no es la instancia que inicia un proceso de destitución. Explicó que la solicitud debe presentarse primero ante el Poder Ejecutivo estatal, el cual, si considera que existen elementos suficientes, la turnará al Legislativo para su valoración.
Pese a ello, los integrantes del cabildo decidieron ingresar el documento a la Oficialía de Partes del Congreso mexiquense, con la finalidad de que se investiguen los hechos antes de que la situación social se agrave. Los funcionarios aseguraron que la Secretaría General de Gobierno no ha respondido a sus gestiones previas ni ha intervenido para resolver el conflicto.
Consecuencias en los servicios municipales
El síndico Velázquez informó que 19 comunidades y la cabecera municipal enfrentan escasez de agua por falta de pago a los trabajadores del organismo correspondiente. A esto se suma la acumulación de basura durante 20 días, el retraso de cinco quincenas en sueldos, y la ausencia de un representante jurídico, lo que ha provocado la pérdida de juicios laborales.
El cabildo sostiene que las deficiencias administrativas y la falta de liderazgo han provocado una crisis de gobernabilidad sin precedentes en el municipio. La población, además, comienza a manifestar su inconformidad ante la carencia de servicios básicos y el deterioro de la infraestructura local.
Investigaciones pendientes
Desde el inicio de la administración, se han presentado cinco denuncias ante la Contraloría del Poder Legislativo y el Órgano Superior de Fiscalización, relacionadas con presunto desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Hasta la fecha, no se ha emitido resolución sobre ninguno de los expedientes.
Los integrantes del cabildo insisten en que su demanda no tiene un trasfondo político ni de género, sino un interés por restablecer la legalidad y garantizar el funcionamiento del ayuntamiento.
El conflicto en El Oro refleja una grave crisis institucional y de gobernabilidad. Mientras el Congreso evalúa la viabilidad del procedimiento, los habitantes permanecen afectados por la falta de servicios básicos y la parálisis administrativa. El seguimiento de las denuncias será determinante para definir el futuro político del municipio.
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