Durante las primeras horas del viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México encabezó un operativo simultáneo en 48 municipios para desactivar pozos y tomas de agua que operaban sin concesión, presuntamente operados por sindicatos. La acción formó parte de una estrategia estatal para frenar el comercio ilegal del recurso y recuperar el control de los puntos de extracción manejados por particulares y organizaciones sindicales.
El despliegue contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y corporaciones municipales, además de personal de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión del Agua del Estado de México.
Las inspecciones se realizaron en municipios con alta incidencia de extracción irregular como Ecatepec, Chicoloapan, Chimalhuacán, Toluca, Naucalpan, Tecámac y Cuautitlán Izcalli.
De acuerdo con los informes ministeriales, varios de los pozos eran operados por grupos identificados como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), Los 300, La Chokiza y 25 de Marzo, que controlaban el llenado y venta de pipas con precios de entre 900 y 2 mil pesos por carga.
Durante la jornada fueron inspeccionados diversos puntos de extracción y llenado de pipas en distintos municipios, dentro de un total de casi 200 ubicaciones bajo investigación por operar fuera de los sistemas de agua potable. En cada sitio se aseguraron equipos de bombeo, mangueras, cisternas y vehículos utilizados para la extracción y comercialización del agua.
En Melchor Ocampo la intervención fue suspendida luego de que habitantes se movilizaron al conocer la llegada de las autoridades. La Fiscalía confirmó que no hubo confrontación ni personas detenidas.
El gobierno estatal precisó que los pozos clausurados no forman parte de la red municipal ni afectan el abasto doméstico, y que en caso de presentarse afectaciones temporales, la Comisión del Agua del Estado de México aplicará un plan de contingencia para garantizar el suministro.
Tras los operativos, grupos de piperos difundieron convocatorias para movilizarse este viernes en Toluca, en rechazo a las acciones emprendidas por las autoridades. Argumentan que el cierre de los puntos de carga podría afectar su trabajo y el suministro a comunidades donde los sistemas municipales no alcanzan a cubrir la demanda.
De acuerdo con la FGJEM, continuarán en los próximos días con nuevas inspecciones y verificaciones en distintos municipios de la entidad.
Pedro Pérez
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