La diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de México para sancionar con hasta siete años y seis meses de prisión las amenazas dirigidas a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
El planteamiento busca reforzar la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras y el Código Penal estatal, con el fin de garantizar condiciones seguras en el ejercicio de estas actividades.
Contexto de violencia
De acuerdo con la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras, entre el 31 de mayo de 2023 y julio de 2025 se documentaron 232 agresiones contra estos sectores en la entidad.
Del total, 32 fueron amenazas cumplidas: 23 dirigidas a defensores y nueve a periodistas. Estas cifras, expuso la legisladora, evidencian la urgencia de sanciones más severas para inhibir ataques.
Detalles de las sanciones
La propuesta contempla hasta tres años de prisión por amenazas de daño a la persona, su familia, vínculos afectivos, bienes, honra, libertad o derechos.Si la amenaza se relaciona con un delito grave, la pena podría alcanzar cinco años. En casos de agravantes —cuando se emite de forma anónima, mediante redes sociales, armas, en grupo o por servidores públicos— la sanción aumentaría hasta la mitad, llegando a siete años y medio.
Por otro lado, si la amenaza consiste en causar un mal que no constituya delito, pero genere temor fundado o afecte gravemente la tranquilidad, se prevé una sanción de hasta dos años.
El documento aclara que no se considerarán constitutivas de este delito las expresiones derivadas de la libertad de prensa, la protesta social, la defensa de derechos humanos o la crítica hacia servidores públicos.
Medidas de protección adicionales
Además de las sanciones, MC propone la creación de un protocolo de intervención de las fuerzas de seguridad con periodistas y defensores. Este deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno del Mecanismo estatal y retomará estándares de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
También se plantea un directorio de contacto voluntario y preventivo para facilitar la localización de personas en situación de riesgo, sin que este registro sea obligatorio para acceder a protección.
La iniciativa presentada busca no solo castigar con mayor severidad las amenazas, sino también fortalecer los mecanismos de protección a periodistas y defensores en el Estado de México, sectores que enfrentan un contexto creciente de violencia e intimidación.
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