En diversas vialidades del Valle de Toluca, la red de semáforos y señalización está en condiciones lamentables. Se reportan focos fundidos o con fallas que activan dos luces al mismo tiempo, aparatos mal ubicados que obstaculizan la visibilidad y cruces sin ningún tipo de señalización. Las calles están plagadas de baches, y los automovilistas, además de esquivarlos, deben “adivinar” cuándo es verde el semáforo, incrementando el riesgo de accidentes.
¿Quiénes son los responsables?
De acuerdo con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México, corresponde a los municipios, a través de sus dependencias, ejecutar y mantener los dispositivos de señalización vial —incluyendo semáforos y marcas horizontales y verticales.
Estos aparatos forman parte de la “infraestructura para la movilidad” local, cuya conservación es obligatoria.
Por su parte, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que la función de protección del derecho a la movilidad —incluyendo infraestructura vial segura y señalización adecuada— recae de forma concurrente en los tres niveles de gobierno.
Así, aunque los municipios tienen responsabilidad directa en el mantenimiento, deben coordinarse con el gobierno estatal (y en algunos casos federal) para garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial.
¿Por qué es indignante para los automovilistas?
Los conductores pagan refrendo, placas, verificación y tenencia; aportan recursos mediante impuestos y derechos para que las calles estén transitables y señalizadas. Sin embargo, se enfrentan cotidianamente a calles en ruinas, señalización deficiente o inexistente, y semáforos averiados. Esta situación no solo pone en riesgo su seguridad, sino que también genera una sensación de abandono e ingratitud por parte de las autoridades, que parecen no cumplir con su parte del pacto.
La degradación de los semáforos y señalización vial en Toluca evidencia una grave crisis de infraestructura y gobernanza local. Aunque los municipios son directamente responsables, la coordinación con el gobierno estatal es fundamental para garantizar la movilidad segura. Mientras tanto, los ciudadanos se sienten doblemente afectados: económicamente, por los pagos obligatorios, y en sus derechos a circular de forma segura.
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