La comunidad de Los Reyes La Paz, Estado de México, vive un momento de luto y furia. El caso de Fernando, un niño de cinco años presuntamente secuestrado y asesinado por una deuda de mil pesos, ha revelado presuntas omisiones graves de las autoridades en las primeras horas de su desaparición. La noticia, difundida inicialmente por colectivos locales y medios nacionales, ha encendido un debate sobre la violencia contra la infancia y la respuesta institucional.
Los hechos y primeras denuncias
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que el 28 de julio, Carlos “N” y Ana Lilia “N” habrían sustraído a Fernando para presionar a su madre y padrastro. La deuda presuntamente ascendía a mil pesos. El menor fue retenido en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, donde vecinos declararon que escucharon gritos y golpes.
La madre, Noemí, acudió ese mismo día a la FGJEM para denunciar la desaparición. Según testigos, fue remitida a otra sede y no recibió atención inmediata. Regresó al día siguiente, pero tampoco obtuvo respuesta.
Cateo tardío y hallazgo del cuerpo
El operativo para catear el domicilio se realizó hasta el 4 de agosto, después de que familiares y vecinos protestaran frente al Centro de Justicia. Las autoridades encontraron el cuerpo de Fernando en avanzado estado de descomposición. Tres personas fueron detenidas y trasladadas al penal de Nezahualcóyotl, enfrentando cargos por retención ilegal y muerte del menor.
Voces de indignación
En un video difundido por el grupo Alerta Los Reyes La Paz, Noemí exigió justicia:”Yo nada más quiero exigir justicia para mi niño, que no quede esto así”, declaró.
La activista Frida Guerrera criticó la actuación de las instituciones y señaló que el caso refleja una violencia cada vez más cruel contra niñas y niños. “Cualquiera hubiéramos pagado eso y más”, afirmó al subrayar que la deuda fue solo un pretexto para agredir.
Reacciones y consecuencias legales
La audiencia de vinculación a proceso se programó para este viernes. Guerrera explicó que, aunque el delito principal es privación ilegal de la libertad, podría reclasificarse a homicidio agravado durante el juicio. También advirtió sobre fallas comunes en la integración de las carpetas, que a veces impiden sentencias firmes.
Impacto social y demanda de acciones
Vecinos colocaron un memorial con veladoras y flores frente a la casa de Fernando. El caso ha generado llamados a mejorar la atención inmediata en desapariciones de menores y fortalecer la coordinación entre fiscalías y DIF. Organizaciones de derechos de la infancia exigen medidas para prevenir hechos similares.
